En una columna en The Washington Post, el embajador de Colombia en Washington destacó los avances del país contra el narcotráfico y alertó sobre las consecuencias económicas y de seguridad si EE. UU. retira su certificación.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, lanzó una advertencia en un escenario clave: la prensa internacional. A través de una columna publicada en The Washington Post, el diplomático abrió el debate sobre la inminente decisión de Washington de certificar, o no, a Colombia en la lucha contra las drogas.
En su texto, García-Peña hizo referencia a los atentados recientes en Amalfi (Antioquia) y Cali, que dejaron más de 20 víctimas fatales. Para él, no se trata de episodios aislados ni de recuerdos de la guerra pasada, sino de una nueva violencia impulsada por narcotraficantes debilitados que responden con brutalidad.
El embajador enfatizó que el narcotráfico sigue siendo el motor principal de la violencia en Colombia y recordó que la mayor parte de la droga producida en el país tiene como destino las grandes ciudades estadounidenses: Washington, Nueva York, Miami y Los Ángeles.
Asimismo, resaltó los avances obtenidos por las autoridades en apenas seis meses: la incautación de 500 toneladas de cocaína, la destrucción de 2.486 laboratorios clandestinos y el bloqueo de 800 millones de dosis que iban a nutrir los mercados internacionales.
No obstante, advirtió que sin la cooperación de Estados Unidos, la economía legal de Colombia podría verse seriamente afectada. A su vez, la capacidad marítima y aérea de ambos países para combatir el narcotráfico perdería efectividad en un contexto donde las organizaciones criminales se diversifican.
La posible descertificación pondría en riesgo casi medio billón de dólares en cooperación militar, inteligencia, entrenamientos y ejercicios conjuntos. Además, abriría un dilema sobre si continuar con la política de erradicación masiva o avanzar en alternativas menos ortodoxas.
García-Peña planteó que una decisión adversa de Washington tendría repercusiones no solo para Colombia, sino también para Estados Unidos, pues dificultaría los esfuerzos comunes en la lucha antidrogas y debilitaría la alianza bilateral en materia de seguridad.
El diplomático recordó que Colombia solo ha enfrentado la descertificación una vez en su historia reciente. Fue durante el gobierno de Ernesto Samper, en 1996, cuando el proceso 8.000 reveló la entrada de dineros del Cartel de Cali en su campaña presidencial.
Ese antecedente, subrayó, marcó una época de tensiones bilaterales y debilitamiento de la cooperación internacional, situación que hoy Colombia no puede permitirse. De allí la necesidad de que Estados Unidos reconozca los avances obtenidos en la actual estrategia antidrogas.
En su mensaje final, García-Peña pidió a Washington valorar los resultados concretos y evitar decisiones que pongan en riesgo décadas de trabajo conjunto. Para Colombia, añadió, está en juego la estabilidad de su economía legal y la consolidación de la paz territorial.
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