El Conjunto Residencial Lotus P.H., en el sur de Ibagué, enfrenta una delicada situación financiera luego del embargo de su cuenta bancaria por más de $300 millones. Residentes atribuyen la crisis a una presunta deuda superior a $385 millones de la Constructora El Pomar S.A.S. y cuestionan la gestión de las administraciones provisionales por no recuperar esos recursos.
Una compleja situación financiera mantiene en alerta a los habitantes del Conjunto Residencial Lotus P.H., ubicado en la comuna 12 de Ibagué, luego de que la cuenta oficial de la copropiedad fuera embargada en medio de un proceso judicial relacionado con el incumplimiento en el pago del servicio de vigilancia privada.
La denuncia fue realizada por el colectivo denominado «Afectados por el Pomar», cuyos integrantes aseguran que el origen de la crisis estaría relacionado con una presunta deuda superior a los 385 millones de pesos atribuida a la Constructora El Pomar S.A.S., correspondiente a cuotas de administración, cuotas extraordinarias e intereses de mora sobre bienes que, según indican, permanecen bajo responsabilidad de la empresa.
De acuerdo con la comunidad, esta cartera se habría acumulado durante las administraciones provisionales designadas por la constructora, sin que se hubieran adelantado acciones oportunas y efectivas para recuperar los recursos adeudados, situación que terminó afectando las finanzas de la copropiedad.
Como consecuencia de la falta de liquidez, la empresa M&O Seguridad Ltda. presentó una demanda ejecutiva por el no pago de varias facturas correspondientes al servicio de vigilancia prestado entre marzo y octubre de 2025. Dentro del proceso judicial, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué ordenó el embargo de la cuenta bancaria del conjunto por un valor de 300.163.368 pesos.
Los residentes sostienen que esta medida ha congelado los recursos de la copropiedad y compromete el pago de servicios indispensables para el funcionamiento del conjunto residencial. Aseguran que la situación podría afectar el suministro de energía en las zonas comunes, el funcionamiento de los ascensores, las motobombas del sistema de agua, la vigilancia privada, el servicio de aseo y el mantenimiento general.
La comunidad también expresó su inconformidad con la gestión de las administraciones provisionales, tanto la anterior como la actual, al considerar que no han ejercido de manera diligente las acciones legales necesarias para cobrar las obligaciones pendientes a la constructora, mientras la cartera continúa incrementándose.
Los denominados «Afectados por el Pomar» hicieron un llamado al representante legal de la Constructora El Pomar S.A.S., ingeniero Fredy Poveda, para que, según su versión, asuma las obligaciones económicas que dieron origen a la crisis y contribuya a superar el embargo que hoy afecta a la copropiedad. Asimismo, solicitaron que la administración provisional adelante el cobro de todas las obligaciones pendientes, incluidas las correspondientes al año 2026.
Finalmente, los residentes advirtieron que más de 1.500 personas, entre ellas adultos mayores, niños y personas con discapacidad, podrían verse gravemente afectadas si no se encuentra una solución pronta al problema financiero. La comunidad insistió en que quienes han cumplido oportunamente con el pago de sus cuotas de administración no deberían asumir las consecuencias de una situación que, aseguran, no fue generada por ellos.
