La seguridad alimentaria es un factor importante para que un población pueda tener las garatías de sostenerse de acuerdo con la su capacidad de poder adquisitivo, sin embargo, Ibagué y el Tolima ha marcado una tenden desde hace muchos en materia de desempleo general y juvenil, ubicandose entre los primeros o los cinco primeros puestos, según datos del DANE.
Ahora bien, el hambre se convierte en una realidad alarmante para miles de personas en el departamento del Tolima, según revela un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la FAO. El estudio muestra que el 30,7% de los hogares tolimenses se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria, lo que equivale a aproximadamente 420.000 personas que tienen dificultades para acceder a la comida.
Estas cifras reflejan la grave situación que atraviesa el departamento y que se replica a nivel nacional, ya que el informe revela que el 30% de los colombianos no puede alimentarse adecuadamente, afectando a 15 millones de personas en todo el país. La inseguridad alimentaria es una realidad preocupante que afecta especialmente a los departamentos de La Guajira, Sucre y Atlántico, ubicados en la costa norte de Colombia.
Ante este panorama desalentador, expertos y líderes políticos han expresado su preocupación y han llamado la atención sobre la necesidad de implementar acciones concretas para abordar el problema. Alexander Castro, exgerente de Indeportes Tolima y asesor político, ha manifestado la urgencia de apoyar la economía informal y comunal, así como destinar recursos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Castro ha resaltado que en Ibagué, cerca del 41% de la población se acuesta con hambre y el 13.7% solo puede comer una vez al día.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, ha señalado que la falta de recursos es la principal causa de esta crisis alimentaria, lo que lleva a las personas a saltarse comidas o no tener una ingesta adecuada. Ante esta situación, es necesario implementar programas de asistencia alimentaria efectivos, promover la generación de empleo y mejorar el acceso a recursos para garantizar el derecho a la alimentación de todos los colombianos.
Finalmente, las autoridades locales y nacionales deben asumir un papel activo en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Es fundamental establecer políticas públicas integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y promuevan la equidad social. Además, es necesario fortalecer la colaboración entre el sector público, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para implementar medidas efectivas que mitiguen el hambre y mejoren las condiciones de vida de la población afectada.
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