Soy especialista en acción humanitaria internacional y me preocupa, de verdad, que durante las primeras horas del terremoto en Colombia se haya dicho que el país necesitaba insumos, pero no personal extranjero de búsqueda y rescate.
Y acá toca hablar sin carreta. Colombia no está obligada a recibir cuanto avión, voluntario o caja aparezca en la puerta. El Estado tiene el derecho (y el deber) de organizar la ayuda, filtrar equipos sin acreditación y evitar que la solidaridad mal coordinada termine convertida en otro trancón, pero esta vez humanitario. Una cosa es poner orden en la casa. Otra es cerrar la puerta mientras todavía hay gente bajo los escombros.
Las primeras 72 horas después de un terremoto son una carrera contra el reloj. Ahí no se defiende el ego institucional, no se mide quién es amigo de quién y no se posa para la foto. Ahí se buscan sobrevivientes.
Si el Gobierno concluyó que Colombia podía atender la emergencia sin determinados rescatistas extranjeros, tenía que demostrarlo con una evaluación técnica inmediata: cuántos edificios colapsaron, cuántas personas seguían desaparecidas, cuántos equipos nacionales podían operar al mismo tiempo, qué municipios estaban cubiertos y dónde faltaban perros de búsqueda, geófonos, cámaras, ingenieros estructurales o herramientas de corte.
Hasta ahora, esa evaluación no se ha hecho pública. Y ahí es donde la cosa comienza a oler raro. Ayer salía un politiquero diciendo en medios que no sabía nada de Chocó, que él estaba en Risaralda.
Y , mientras desde arriba se decía que había capacidad suficiente, abajo algunos rescatistas pedían cascos, guantes y herramientas para sacar escombros. En Bogotá y Medellín podía existir un parte de tranquilidad; debajo de una placa de concreto, en Pereira, Cali o el Chocó, el tiempo estaba contando otra historia.
No se pueden negar los aciertos, claro. Se desplegaron capacidades nacionales, se mantuvo la conducción del Estado, se recibieron insumos y recursos, se creó un puesto de mando para la cooperación internacional y finalmente se articuló el trabajo con Naciones Unidas y el Equipo Humanitario País.
Eso hay que reconocerlo. Una crítica seria no consiste en pintar todo de negro.
Pero el gran lunar sigue ahí: no haber activado de inmediato equipos USAR acreditados, cercanos y autosuficientes. Esos grupos están entrenados precisamente para llegar, buscar entre estructuras colapsadas y trabajar sin convertirse en huéspedes que haya que alimentar, transportar y acomodar.
Si al llegar sobraban, se podían redirigir o devolver. Eso habría sido mucho menos grave que descubrir, cuando el reloj ya estaba sin aire, que sí hacían falta.
Porque es mejor tener un rescatista esperando instrucciones en la pista que una familia esperando un milagro junto a los escombros.
La soberanía sirve para dirigir la ayuda, no para poner cerrojos. La acción humanitaria debe orientarse por humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Traducido al español de a pie: se ayuda donde más se necesita, sin preguntar primero quién ofrece el apoyo, por quién votó o qué tan bien queda en la foto.
La discusión, entonces, no es si Colombia podía rechazar rescatistas. Jurídicamente podía hacerlo.
La pregunta que me sigue dando vueltas es otra: ¿tenía evidencia suficiente para asegurar que rechazarlos protegía mejor la vida de quienes seguían atrapados?
Porque un Gobierno puede construir su imagen. Un edificio también puede levantarse de nuevo. Pero una vida perdida durante una demora evitable no se reconstruye con performance, bailesitos, risitas, discursos, disculpas, ruedas de prensa ni minutos de silencio.
Y ahí sí, no hay comunicado que tape semejante hueco.
