La medida fue anunciada tras el llamado a consultas de embajadores por parte de ambos gobiernos. El Departamento de Estado calificó de “infundadas” las declaraciones del Gobierno colombiano y adoptó represalias que agravan la crisis bilateral.
Una nueva crisis diplomática se desató entre Estados Unidos y Colombia luego de que el Departamento de Estado confirmara el inicio del retiro de visas a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. La medida se conoció después de que el gobierno de Donald Trump llamara a consultas a John McNamara, encargado de negocios en Bogotá, en respuesta a lo que calificó como “declaraciones infundadas” de altos representantes del Ejecutivo colombiano.
Aunque no se han revelado los nombres de los funcionarios sancionados, la decisión marca un deterioro en la relación bilateral. La reacción colombiana no se hizo esperar: el presidente Gustavo Petro anunció la llamada a consultas de Daniel García-Peña, embajador en Washington, y expresó su desacuerdo con las recientes políticas migratorias estadounidenses.
El detonante más reciente habría sido una crítica directa del presidente Petro a la apertura del centro de detención para migrantes “Alligator Alcatraz” en Estados Unidos. “Estoy en completo desacuerdo con estos campos de concentración para migrantes, muchos de ellos colombianos”, manifestó el mandatario, avivando la tensión diplomática.
Además de las diferencias ideológicas y políticas, la decisión del Gobierno colombiano de suspender temporalmente las extradiciones de cabecillas de las disidencias de las FARC, como alias “Mocho Olmedo”, habría incrementado el descontento en Washington. Esta medida es vista con recelo por sectores políticos estadounidenses, especialmente por la administración Trump.
El embajador García-Peña emitió un comunicado en el que hizo un llamado a la mesura y reafirmó el compromiso del país con una relación bilateral basada en el respeto mutuo. “Colombia continuará promoviendo un diálogo respetuoso, franco y constructivo con Estados Unidos, guiado por los principios del derecho internacional y la promoción de nuestros intereses comunes”, afirmó.
El Departamento de Estado ha reiterado que se analizan “medidas adicionales” frente a las posturas del Gobierno colombiano, lo que podría derivar en más sanciones diplomáticas o económicas. Esta situación ha sido interpretada por analistas como un punto crítico en la relación entre ambos países.
Mientras tanto, sectores de la oposición en Colombia celebraron las decisiones de Washington, mientras que desde el Gobierno Nacional se denunció que estos sectores buscan debilitar el proyecto político del cambio a través del respaldo a intereses foráneos. “No les gustó verse descubiertos en el complot de Leyva, Uribe, el Clan del Golfo y demás tránsfugas”, escribió un simpatizante en redes sociales.
El presidente Petro aseguró que la llamada a consultas de su embajador tiene como objetivo “informar sobre el desarrollo de la agenda bilateral” y reafirmar que su gobierno no se arrodillará ante presiones externas. La crisis sigue escalando, mientras se espera que ambos gobiernos busquen mecanismos diplomáticos para encauzar nuevamente la relación bilateral.
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