La muerte del joven Santiago Andrés Murillo presuntamente a manos de un agente de estado, saltó a la vista de todos los enfrentamientos entre el Jaramilllismo y el Barretismo por el inoportuno accionar del mandatario municipal y departamental en la forma de darle tratamiento al Paro Nacional, puesto que las múltiples denuncias sobre el exceso de la fuerza pública han sido difundidas principalmente en las redes sociales.
“Nos informan del asesinato de un menor de edad (17 años) en la ciudad de Ibagué, en medio de las protestas. Responsabilizo directamente al alcalde de la ciudad y al Gobernador del departamento por lo sucedido con este menor y de lo que le pueda pasar a más de nuestros jóvenes.”, expresó Guillermo Alfonso Jaramillo a través de Twitter.
Así mismo otras personas se pronunciaron respecto a lo sucedido en las últimas horas, como lo fue el exsecretario Juan Diego Angarita de la administración Jaramillo quien dijo que el alcalde Andrés Hurtado y el secretario Portela, posiblemente (en modo de pregunta) ¿Dieron la orden de la masacre en Ibagué? Y se despachó fuertemente anunciando que la historia los juzgará.
¿Quién dio la orden? ¿Dónde están los diez desaparecidos de esta noche?, apuntó Angarita a través de Twitter.
Por su parte el mandatario local en rueda de prensa se pronunció sobre lo sucedido el 1 de mayo con el joven Santiago Andrés Murillo, “toda mi solidaridad con su familia y amigos. Quiero alzar mi voz para rechazar cualquier acto de violencia, repito: voy a defender y respetar la protesta, siempre y cuando sea pacífica, pero el país no puede seguir en un espiral de violencia, enfrentándonos unos con otros”.
Y el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco se pronunció igualmente sobre los hechos ocurridos y dijo, En las últimas horas en medio de las manifestaciones y los disturbios lamentablemente han sucedido hechos trágicos; algunos líderes políticos y otros, me han responsabilizado de esos hechos, poniendo en grave peligro mi vida y la de mi familia”, y agregó a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y a la Personería del Pueblo.
Finalmente, las investigaciones preliminares en contra del uniformado que presuntamente accionó su arma de dotación empiezan a andar y mientras tanto los reproches de unos y otros frente a la forma de llevar garantías institucionales de una lucha social en contra de la Reforma Tributaria del Gobierno Nacional se empieza a ver.
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