La Fiscalía imputó cargos a Gentil Gómez Oliveros y dos exfuncionarias de su administración por presuntas anomalías en la contratación del transporte escolar en 2012, que comprometió más de $367 millones sin cumplir los requisitos legales.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este martes que el exalcalde de Melgar (Tolima), Gentil Gómez Oliveros, fue imputado por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte escolar durante el año 2012. La investigación señala que los convenios celebrados en su administración desconocieron las normas de contratación pública, lo que habría puesto en entredicho la transparencia y legalidad del proceso.
Junto al exmandatario también fueron vinculadas Andrea Liliana Rojas Prada, quien se desempeñaba como secretaria de Educación, y María Margarita Rueda Abrahán, asesora jurídica de la oficina de contratación entre 2012 y 2015. Los tres exfuncionarios deberán responder por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, imputación que ninguno aceptó durante la audiencia.
De acuerdo con el expediente, en 2012 se celebraron siete contratos destinados a garantizar el transporte escolar de 4.813 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del sector rural de Melgar. Seis de esos convenios fueron firmados mediante contratación directa y uno a través de selección abreviada, todos bajo la modalidad de mínima cuantía, pese a que el monto global superó los límites establecidos por la ley.
El valor total de los contratos ascendió a $367.280.000, cifra que según la Fiscalía superaba los 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la época, es decir, $158’676.000. Al sobrepasar este umbral, la normativa obligaba a realizar un proceso de licitación pública y no acudir a modalidades simplificadas, lo que constituye una presunta vulneración de las reglas contractuales.
Las pesquisas señalan que el exalcalde Gómez Oliveros habría impartido instrucciones directas para dar inicio, celebrar y liquidar los contratos entre el 20 de enero y el 19 de julio de 2012. Su papel como ordenador del gasto lo convierte en principal responsable de las decisiones que derivaron en la firma de los cuestionados convenios.
Por su parte, la entonces secretaria de Educación, Andrea Liliana Rojas Prada, habría elaborado los estudios previos que sustentaron jurídicamente el proceso. Estos documentos habrían permitido justificar el uso de la contratación directa pese a que las cifras superaban el tope permitido. La Fiscalía sostiene que su actuación facilitó la ejecución irregular de los convenios.
En el caso de María Margarita Rueda Abrahán, asesora jurídica de la oficina de contratación, la investigación indica que fue quien revisó y avaló cada una de las etapas, permitiendo que los contratos fueran aprobados y ejecutados por el alcalde. Para el ente acusador, esta intervención constituyó un respaldo administrativo y legal a un procedimiento que no cumplía con los requisitos exigidos.
Con estas imputaciones, la Fiscalía busca esclarecer si los exfuncionarios incurrieron en faltas graves al desconocer los principios de transparencia, planeación y legalidad que rigen la contratación estatal. El caso se convierte en un nuevo episodio que pone bajo la lupa los manejos administrativos de las entidades territoriales y la necesidad de garantizar procesos ajustados a la ley.
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