El Juzgado Segundo Penal de Ibagué sentenció a Diego Andrés Guerra Quintero, exalcalde de Rovira, a 124 meses de cárcel por delitos de corrupción relacionados con un contrato fantasma de $18 millones en 2015. Además, enfrenta una multa de 121 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué emitió un fallo contundente contra Diego Andrés Guerra Quintero, exalcalde de Rovira (Tolima) entre 2012 y 2015, condenándolo a 10 años y 4 meses de prisión por irregularidades en la contratación pública. La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió por casi una década, evidenciando graves actos de corrupción durante su administración.
La investigación, liderada por la Fiscalía, demostró que en 2015 Guerra firmó un contrato por $18 millones con Edgar Aquiles Ratti Acosta, supuestamente para realizar un estudio técnico sobre la estructura organizacional del municipio. Sin embargo, las pruebas revelaron que el trabajo se ejecutó solo de manera parcial, pero el exalcalde certificó su cumplimiento total, autorizando el desembolso completo de los recursos.
El proceso fraudulento incluyó maniobras como la falsificación de documentos y la reasignación irregular de la supervisión del contrato. Según la Fiscalía, el dinero fue cobrado mediante un cheque endosado al conductor de la Alcaldía, lo que permitió a Guerra apropiarse indebidamente de los fondos públicos, afectando las finanzas del municipio.
La sentencia encontró a Guerra Quintero culpable de cuatro delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. No obstante, fue absuelto del cargo de falsedad material en documento público, ya que no se comprobó su participación directa en la elaboración de los documentos falsificados.
Además de la pena de prisión, el exalcalde deberá pagar una multa equivalente a 121 salarios mínimos legales vigentes. El juez negó cualquier posibilidad de beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena, y ordenó que, una vez la sentencia quede en firme, se emita una orden de captura inmediata contra Guerra.
El fallo también incluyó un llamado a la Fiscalía para que investigue a otras personas posiblemente involucradas en el caso, específicamente por presuntos delitos de falso testimonio y fraude procesal durante el desarrollo del juicio. Estas investigaciones podrían destapar una red más amplia de complicidad en los hechos.
Pese a su condena, Diego Guerra continúa desempeñándose como gerente del Hospital María Auxiliadora de Flandes, un cargo que ha generado controversia. Veedurías ciudadanas y sectores de la opinión pública han exigido su inmediata destitución, argumentando que su situación judicial compromete la ética y la confianza en la gestión de instituciones públicas.
Este caso se suma a otros escándalos de corrupción en Tolima, poniendo en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles en la contratación pública y la vigilancia sobre los recursos municipales. La sentencia contra Guerra Quintero es un precedente en la lucha contra la corrupción en la región, aunque aún quedan interrogantes sobre las responsabilidades de otros implicados.
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