La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra Olga Lucía Liévano, exsecretaria de Movilidad de Ibagué, por presuntamente excederse en sus funciones al exigir requisitos indebidos a las empresas de taxis durante su gestión entre 2021 y 2022.
El expediente señala que Liévano solicitaba a las empresas de taxis el recibo de pago de los aportes de seguridad social como condición para expedir la tarjeta de control, sin tener un fundamento legal que respaldara dicha solicitud. Esta acción ha sido interpretada como una extralimitación de sus funciones.
Para sustentar la investigación, la Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia de Transporte un informe detallado sobre las facultades que tienen las secretarías de Tránsito, Transporte y Movilidad municipales para requerir dicho comprobante a las empresas de servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros tipo taxi. Olga Lucía Liévano estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad de Ibagué durante apenas cinco meses, en la administración del exalcalde Andrés Hurtado. Su gestión estuvo marcada por controversias, en parte debido a sus supuestos intereses en el sector del transporte, compartidos con su esposo Eduar Rodríguez, un conocido asesor de entidades públicas y empresario del sector.
El escándalo que rodea a la exfuncionaria no se limita a su tiempo en el cargo. Su esposo, Eduar Rodríguez, fue sorprendido conduciendo su camioneta sin licencia, ya que las autoridades le habían retirado el documento años atrás por conducir bajo los efectos del alcohol. Este incidente incrementó las sospechas sobre posibles conflictos de interés y manejo indebido de su posición. La investigación de la Procuraduría busca garantizar que los funcionarios públicos actúen dentro del marco legal y en el mejor interés de la comunidad. Las empresas de taxi de Ibagué y la ciudadanía estarán pendientes del desarrollo de esta investigación y de las posibles consecuencias para la exfuncionaria.
La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas tanto para la carrera de Liévano como para las políticas de movilidad en Ibagué. La exsecretaria ha defendido sus acciones, pero la investigación determinará si hubo alguna violación a la normativa vigente.
El proceso disciplinario contra Olga Lucía Liévano refleja un esfuerzo por parte de las autoridades de asegurar la transparencia y legalidad en el ejercicio de funciones públicas. La comunidad espera que se haga justicia y se aclaren los hechos que han llevado a esta investigación.
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