Carlos Pinilla fue sentenciado a 5 años y 8 meses de prisión por su participación en una red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La condena fue posible gracias a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se comprometió a devolver $618 millones y entregar información clave.
El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Pinilla, fue condenado a 5 años, 8 meses y 1 día de prisión tras ser hallado culpable por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. La sentencia se produjo luego de que una juez aprobara el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía.
Como parte del trato, Pinilla aceptó restituir 618 millones de pesos y colaborar con la justicia brindando información fundamental para desmantelar la red de corrupción que salpica a altos funcionarios del Gobierno y a miembros del Congreso. A cambio, se le concedió una reducción del 45% en su condena.
Las investigaciones revelaron que Pinilla participó activamente en el desvío de recursos públicos destinados a la emergencia por agua potable en La Guajira. En complicidad con Olmedo López, exdirector de la Ungrd, acordaron disponer de 100 mil millones de pesos para alquilar 40 carrotanques, una contratación con presuntos sobrecostos.
Según el expediente, los sobrecostos de este contrato eran utilizados para pagar sobornos a congresistas, con el fin de impulsar los proyectos legislativos del Gobierno Petro. Este entramado de corrupción fue articulado desde la Ungrd, con la participación de altos funcionarios y operadores políticos.
De acuerdo con las declaraciones de Pinilla, fue por instrucciones de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, que entregó 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. La transacción formaba parte de los pagos para asegurar apoyo político.
La condena a Pinilla marca un punto de inflexión en este escándalo nacional, que sigue generando repercusiones políticas y judiciales. Su colaboración permitirá a la Fiscalía seguir trazando el camino del dinero y determinar las responsabilidades de otros implicados.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que cuestionan la transparencia en el manejo de los recursos de la Ungrd durante la actual administración. El escándalo ha puesto en jaque a varios funcionarios del alto Gobierno, cuya responsabilidad penal aún está por establecerse.
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