Alias ‘El Costeño’, presunto líder del atentado contra el precandidato presidencial, habría coordinado el ataque con una estrategia detallada: uso de un menor de edad como sicario, una pistola Glock alterada para aumentar su letalidad y un falso plan de fuga con apoyo policial.
La Fiscalía General de la Nación reveló información clave sobre la estructura criminal que estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático. El hecho ocurrió el pasado 7 de junio en Modelia, occidente de Bogotá, durante un acto público de precampaña.
En plena intervención ante centenares de personas, Uribe recibió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. El atentado generó pánico en el parque El Golfito y dejó al país en alerta. Días después, fue capturado un menor de 15 años con la pistola usada en el ataque, una Glock 9 mm modificada.
Las investigaciones condujeron hasta Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, quien según la Fiscalía sería el principal articulador del crimen. Actualmente se encuentra detenido en el búnker de la entidad, señalado de coordinar desde 2022 una red dedicada al sicariato en localidades del sur de Bogotá.
Uno de los datos más graves es que Arteaga habría planeado que el autor material del atentado fuera un menor de edad, confiando en que al ser procesado por el sistema penal juvenil tendría menos consecuencias. Así lo declaró Katerine Martínez, también capturada, quien aseguró que se le pidió buscar a un joven entre los 14 y 15 años para el asesinato.
Katerine también reveló que alias ‘El Costeño’ manipuló emocionalmente al menor asegurándole que tendría apoyo de uniformados de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección para escapar después del atentado. Supuestamente, le darían cinco minutos de ventaja para huir sin ser detenido.
Sin embargo, según relató la fiscal del caso en audiencia, todo era una mentira. Arteaga confesó a Katerine que no existía ningún acuerdo con la Policía, sino que inventó la historia para calmar al menor y facilitar la ejecución del plan criminal. Esta confesión aumenta la gravedad de los cargos en su contra.
El análisis técnico de la pistola usada, una Glock comprada legalmente en Arizona en 2020, evidenció modificaciones en su selector de disparo. Estas alteraciones hacían más letales los disparos, lo cual reforzó la imputación de tentativa de homicidio agravado y uso de armas ilegales con fines criminales.
La Fiscalía también investiga cómo ingresó el arma modificada al país y si ha sido utilizada en otros crímenes. Se trabaja en coordinación con agencias internacionales, como la ATF de Estados Unidos, para rastrear su historial y conexiones con otras organizaciones criminales.
Hasta el momento, hay cinco capturas por el atentado, y no se descartan más detenciones. El caso ha encendido alarmas sobre el uso de estructuras delictivas para afectar procesos democráticos en Colombia, especialmente en contextos de campañas políticas, donde el sicariato y la intimidación parecen estar mutando hacia fines estratégicos.
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