El exalcalde de Ibagué y siete personas más fueron judicializados por hechos relacionados con el contrato de interventoría del proyecto. La Fiscalía cuestiona pagos superiores a $1.000 millones cuando la obra registraba menos del 6 % de avance.
El denominado puente de la 60 vuelve a ocupar el centro de una investigación judicial en Ibagué. La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de contratación y la ejecución de la interventoría del proyecto vial.
De acuerdo con el ente investigador, la actuación está relacionada con un contrato de interventoría cuyo valor superó los $2.997 millones. El objeto contractual contemplaba el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus respectivas interconexiones.
Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía corresponde a los pagos realizados al consorcio encargado de la interventoría. Según la investigación, los desembolsos debían estar asociados al porcentaje de ejecución de la obra, pero se habrían efectuado pagos superiores a $1.000 millones cuando el avance físico del proyecto era inferior al 6 %.
La Fiscalía también expuso cuestionamientos frente al proceso de selección del contratista. Según la hipótesis investigativa, la propuesta presentada por el consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello habría sido tramitada y aprobada pese a una presunta inhabilidad para contratar con el Estado.
En el proceso también aparecen la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, además de las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
La Fiscalía señaló distintas conductas que, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual atribuida a los procesados, estarían relacionadas con delitos como peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Durante la audiencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente investigador. En el caso de Hurtado, la Fiscalía sostiene que, en su condición de alcalde, habría omitido controles relacionados con el proceso de selección y la ejecución contractual, mientras que la defensa deberá controvertir las hipótesis presentadas y ejercer las garantías previstas dentro del proceso.
Tras conocer la judicialización, Andrés Hurtado manifestó públicamente que no aceptó los cargos y defendió su actuación durante la administración municipal. El exalcalde aseguró que el proyecto quedó en marcha y con los recursos garantizados, y afirmó que espera que el proceso judicial permita establecer su responsabilidad o inocencia. La determinación de las responsabilidades individuales corresponderá a las autoridades judiciales competentes.
