La Fiscalía General de la Nación ha asumido formalmente la investigación por la denuncia presentada contra siete magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, quienes formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos durante su campaña presidencial de 2022. La denuncia, interpuesta por el ciudadano Jhon Jairo Turizo Hernández, acusa a los magistrados de prevaricato, señalando que habrían actuado de manera contraria a la ley en el proceso de formulación de cargos.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el caso fue asignado a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y que, además, se investigan otros asuntos relacionados con la financiación de la campaña de Petro. Camargo declaró que la entidad está en la etapa de “examen preliminar” para definir los pasos a seguir en la investigación, y destacó que se dará el debido trámite a las acusaciones formuladas por Turizo Hernández.
El CNE formuló cargos contra Petro y su equipo de campaña, incluyendo a su gerente, Ricardo Roa, por supuestamente haber superado los topes de gasto permitidos y haber recurrido a fuentes de financiación prohibidas, que no fueron debidamente reportadas. El organismo electoral considera que hubo una vulneración del régimen de financiación de campañas, lo que derivó en la apertura de esta investigación formal.
Los magistrados investigados son Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE, César Lorduy. La denuncia por prevaricato alega que los magistrados habrían actuado fuera de su competencia al formular cargos contra el entonces candidato presidencial y actual presidente, incurriendo en faltas legales que ahora están bajo investigación judicial.
Este caso genera gran expectativa en el ámbito político y judicial del país, ya que involucra directamente a la máxima autoridad electoral y al presidente de la República. De confirmarse las acusaciones, las repercusiones podrían afectar no solo a los magistrados investigados, sino también al proceso electoral y al gobierno de Gustavo Petro.
La Fiscalía seguirá avanzando en las pesquisas para determinar si los magistrados actuaron dentro del marco legal o si, como afirma la denuncia, incurrieron en conductas contrarias a sus funciones constitucionales.
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