Fiscalía pide condena ejemplar contra Andrés Hurtado por uso indebido del estadio Manuel Murillo Toro
El juicio contra el exalcalde de Ibagué y el exdirector del Imdri avanza con contundentes pruebas en su contra. La Fiscalía solicita la máxima condena para evitar nuevos casos de peculado por uso.
La Fiscalía General de la Nación solicitó una condena ejemplar contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y el exdirector del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Alejandro Ortiz Ortiz, por el uso indebido del estadio Manuel Murillo Toro. La acusación se basa en la utilización del escenario deportivo para la celebración privada del cumpleaños del hijo del exmandatario.
Durante el inicio del juicio oral, adelantado en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento, la fiscal 38 Seccional de la Unidad de Administración Pública, Elizabeth Torres Parra, argumentó que este caso no es un hecho menor y que debe ser castigado con severidad para evitar que altos funcionarios sigan disponiendo de bienes públicos para fines personales.
En la audiencia realizada el pasado 31 de enero de 2025, la Fiscalía presentó 624 folios de pruebas que demostrarían la culpabilidad de los acusados. Según el ente acusador, el exalcalde Hurtado se valió de su cargo para utilizar un bien del Estado en beneficio propio, mientras que el exdirector del Imdri, Alejandro Ortiz Ortiz, facilitó la ejecución del peculado, incumpliendo su deber de velar por los recursos públicos.
El juicio oral continuará este lunes 3 de febrero a las 2:00 p.m., y el juez ha exigido la presencia obligatoria de los acusados, luego de que en la audiencia anterior sus abogados presentaran excusas para justificar su ausencia. En el caso del exalcalde, se argumentó la falta de policías en el recinto para su seguridad, a pesar de contar con escoltas en su actividad política. Por su parte, Ortiz Ortiz alegó compromisos familiares como razón para no asistir.
Desde el inicio del proceso, la Fiscalía ha sostenido su petición de aplicar la máxima condena contra los imputados, enfatizando que este tipo de irregularidades deben ser sancionadas de manera ejemplar para evitar que se repitan en la administración pública.
El caso ha generado gran interés en la opinión pública, especialmente en Ibagué, donde sectores ciudadanos y políticos han exigido transparencia en el proceso judicial. Mientras el juicio avanza, se espera que el juzgado defina en las próximas audiencias la responsabilidad penal de los acusados y las eventuales sanciones que podrían enfrentar.
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