La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su profunda preocupación ante las declaraciones del gobernador encargado del Tolima hace días atrás y quien funge en su cargo como el mismo secretario de Cultura del Departamento del Tolima, Alexander Castro Salcedo, quien calificó a ciertos medios locales como “pseudo medios de comunicación” y los comparó con “francotiradores” y “sicarios morales” durante una rueda de prensa el pasado 25 de abril.Estas afirmaciones fueron consideradas por la FLIP como estigmatizantes y peligrosas para el ejercicio del periodismo en la región.
En una carta dirigida a Castro, la FLIP recordó que los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo la libertad de prensa.La organización enfatizó que, aunque es legítimo controvertir información publicada, esto debe hacerse a través de mecanismos democráticos como solicitudes de rectificación o réplica, y no mediante discursos que criminalicen la labor periodística.
La FLIP también desmintió las afirmaciones de Castro sobre la supuesta falta de canales de contacto de los medios señalados, indicando que estos cuentan con perfiles activos en redes sociales y números telefónicos, lo que permite establecer comunicación directa.
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Además, la organización expresó su preocupación por la intención del gobernador de iniciar una “arremetida jurídica” y contactar a la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía y a Facebook para rastrear y revelar la identidad de quienes hacen publicaciones en los medios de comunicación.La FLIP advirtió que este tipo de acciones pueden propiciar un ambiente de hostilidad e incluso agresiones contra quienes ejercen el periodismo.
El contexto regional refuerza la gravedad de estas declaraciones.Según informes de la FLIP, en 2024 se registraron 530 agresiones contra periodistas en Colombia, incluyendo amenazas y desplazamientos forzados, con un aumento significativo en la participación de grupos criminales en estos ataques . En el Tolima, específicamente, se han documentado amenazas a periodistas por parte de grupos armados, lo que pone en riesgo la vida de los comunicadores y dificulta el flujo de información de interés público
La FLIP instó al secretario de Cultura Castro a abstenerse de emitir declaraciones que puedan resultar estigmatizantes hacia la prensa y a utilizar los mecanismos legales establecidos para controvertir información que considere inexacta.La organización reiteró su disposición para brindar información adicional sobre la garantía al derecho de la libertad de prensa y para resolver cualquier duda sobre lo plasmado en su comunicación.
El contexto
El contexto de estas declaraciones se enmarca en la polémica generada por la adjudicación de un contrato por $1.730 millones a la Fundación Artística, Deportiva y Cultural 369 (Funcultura 369), una entidad registrada en agosto de 2024, sin trayectoria previa en el sector cultural y con presuntos vínculos con el secretario Castro.La rapidez del proceso y la falta de experiencia de la fundación han suscitado críticas y sospechas de corrupción y direccionamiento.
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La representante legal de Funcultura 369, Julie Pauline Bedoya Bonilla, ha sido cercana a Castro, habiéndolo apoyado activamente durante su campaña a la Alcaldía de Ibagué en 2023.Además, otros miembros de la fundación tienen presuntos vínculos familiares y políticos con el barretismo, movimiento al que pertenece Castro.
Los reportes periodísticos sugieren que el proceso de contratación fue acelerado y dirigido, lo que podría configurar una falta administrativa grave. Aunque la Secretaría ha defendido la legalidad del contrato, los medios insisten en que hay suficientes elementos para que se abra una investigación por parte de los entes de control.
Lea el comunicado completo aqui:
En últimas…
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su rechazo a las declaraciones del secretario de Cultura del Tolima, Alexander Castro, quien descalificó a medios digitales tras la publicación del reportaje mencionado que denuncia presuntas irregularidades en un millonario contrato adjudicado por su dependencia. La FLIP recordó que los funcionarios públicos están obligados a respetar el trabajo periodístico y la libertad de prensa.
Según la organización, usar términos como “pseudo medios” para referirse a portales informativos no solo es estigmatizante, sino que también pone en riesgo a los periodistas al fomentar entornos hostiles. Además, advirtió que estas actitudes pueden convertirse en una forma de censura indirecta que limita el derecho ciudadano a estar informado sobre los asuntos públicos.
La FLIP señaló que los periodistas señalados ofrecieron al funcionario la posibilidad de ejercer su derecho a la réplica, lo que no se puede ignorar a la hora de analizar la legitimidad del trabajo periodístico. Además, subrayó que no es función de un servidor público decidir qué medios son “reales” o no, y que existen vías institucionales para responder si se considera que ha habido afectación a su honra.
Las declaraciones del funcionario han sido interpretadas como una forma de intimidación a la prensa, especialmente en contextos donde el periodismo independiente es clave para la veeduría ciudadana. Varios sectores del periodismo han respaldado el comunicado de la FLIP, y han llamado a defender el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre el uso de los recursos públicos.
Este caso reabre el debate sobre los límites entre el derecho a la defensa de la honra de los funcionarios y el respeto a la libertad de prensa. La situación también pone de relieve los riesgos de la contratación pública sin suficiente escrutinio en las regiones, así como la necesidad de proteger a los medios locales que desempeñan un papel clave en la vigilancia del poder.
Adenda: Esta redacción radicó un derecho de petición fechado 24 de abril del 2025 en los canales oficiales de la Gobernación del Tolima, y hasta la hecha actual no se ha visto respuesta.
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