La Federación Nacional de Departamentos (FND) condenó de manera categórica las acciones del ELN, al considerar que se trata de una organización criminal que no puede atribuirse poderes judiciales.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazó enfáticamente que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pretenda ejercer funciones judiciales mediante supuestos “juicios” y condenas al margen de la Constitución. Para la entidad, estas prácticas representan una grave violación a los derechos humanos y una amenaza directa al Estado de Derecho.
En un comunicado emitido este martes, la FND calificó como deplorable y condenable que un grupo armado ilegal intente detentar poder de justicia. “El ELN es una organización criminal y no un ente judicial”, afirmaron de manera contundente.
La Federación exigió la liberación inmediata, sin condiciones y sin dilaciones de todas las personas que han sido retenidas ilegalmente por el ELN. Recordaron que el secuestro es un delito repudiado tanto por la legislación colombiana como por el derecho internacional.“La autoridad y la justicia legítimamente constituidas no pueden ceder ante los grupos y las bandas criminales”, señaló el comunicado. La FND respaldó de forma expresa a la Fiscalía General de la Nación, a los funcionarios del CTI secuestrados y a sus familias.
Desde la Gobernación del Meta y la Federación Nacional de Departamentos reiteraron su apoyo total a la Fuerza Pública y a las instituciones que trabajan por la seguridad y los derechos de los colombianos. Asimismo, hicieron un llamado a la opinión pública para no dejarse confundir por las narrativas de los grupos armados.La entidad subrayó que Colombia es un Estado Social de Derecho y que solo las instituciones de la Rama Judicial están facultadas para administrar justicia. Ninguna acción violenta legitima la privación de la libertad de los ciudadanos.
Finalmente, la FND agradeció a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr el retorno de los secuestrados a sus hogares, y reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad y la protección de los derechos fundamentales.
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