La nómina mensual del Fondo Milagro asciende a $765,6 millones, según información entregada a la senadora Kamelia Zuluaga mediante un derecho de petición. El gerente, Jaime Andrés Uribe, recibe $39,4 millones y varios directivos devengan $36 millones, mientras coordinadores tienen asignaciones de $33 millones. La revelación abrió un debate nacional sobre austeridad, contratación, ejecución presupuestal y resultados de la entidad creada para atender a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La administración del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta nuevos cuestionamientos por el funcionamiento del denominado Fondo Milagro, creado para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Esta vez, la controversia no gira únicamente alrededor de los avances de la reconstrucción, sino también de los recursos destinados al funcionamiento de la entidad. La discusión tomó fuerza el 12 de noviembre, después de conocerse la estructura salarial de sus trabajadores. La información fue divulgada por la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, quien solicitó explicaciones mediante un derecho de petición. La respuesta oficial dejó al descubierto una nómina mensual que supera los $765 millones.
Uno de los salarios que más llamó la atención es el del gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, quien recibe $39.441.454 mensuales. La cifra supera en aproximadamente $8,6 millones la remuneración mensual de un ministro del Gobierno nacional, estimada en $30.770.246 para 2026. A esta asignación se suman los $36 millones que reciben el secretario privado y el director jurídico y de contratación. También figuran directores de áreas estratégicas con remuneraciones de $36 millones, lo que ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados para establecer los niveles salariales de la entidad.
La relación salarial conocida incluye coordinadores de contratación, administración y talento humano, atención al ciudadano, tecnología, comunicaciones, prevención del daño antijurídico y otras dependencias, con asignaciones individuales de $33 millones. También aparecen líderes sénior con ingresos de $18,9 millones, analistas sénior con $11,7 millones, gestores sénior con $8,5 millones y gestores técnicos con $5,8 millones. De acuerdo con la información publicada, 20 de los 27 cargos relacionados tienen remuneraciones iguales o superiores a los $30 millones. El documento permite dimensionar el costo de la estructura laboral y abre el debate sobre su proporcionalidad frente a las necesidades de la emergencia.
La discusión sobre la ejecución de los recursos también ocupa un lugar central. Según las respuestas entregadas por el gerente a los congresistas, el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Sin embargo, los procesos contractuales reportados alcanzaban aproximadamente $7.440 millones, destinados principalmente a demoliciones y sus respectivas interventorías en Pereira y Cali. Esta cifra representa cerca del 1,2 % del presupuesto aprobado, una proporción que ha motivado cuestionamientos sobre la velocidad con la que se están desarrollando las intervenciones.
A este panorama se suma el costo de la administración fiduciaria. La sociedad Fiducoldex actúa como empleadora del personal y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Milagro. Según la información divulgada sobre el contrato fiduciario, la comisión mensual por esta labor rondaría los $248,6 millones. Si se suman este valor y los $765,6 millones de la nómina, el funcionamiento de la estructura superaría los $1.000 millones mensuales, sin que esta operación incluya necesariamente todos los costos adicionales, como prestaciones y otros gastos administrativos. El dato ha intensificado las preguntas sobre cuánto cuesta mantener la estructura institucional encargada de gestionar la reconstrucción.
Otro elemento que ha generado controversia es la ausencia del gerente Jaime Andrés Uribe ante las citaciones de la Comisión Accidental Bicameral del Congreso, encargada de hacer seguimiento a la atención de los damnificados. El funcionario no asistió al debate de control político programado para el 11 de noviembre y justificó su decisión señalando que debía acompañar al presidente Abelardo de la Espriella en una jornada de entrega de beneficios de vivienda en Roldanillo, Valle del Cauca. Aunque remitió respuestas por escrito al cuestionario de los congresistas, su inasistencia provocó críticas de representantes de diferentes sectores políticos, quienes reclamaron mayor rendición de cuentas.
Las críticas también han llegado desde las administraciones territoriales. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, expresó públicamente su preocupación por el ritmo de la reconstrucción y la falta de información sobre la llegada de recursos a las zonas afectadas. Según sus declaraciones, en la capital risaraldense solamente se habían entregado 85 viviendas, pese a que decenas de miles de inmuebles resultaron afectados o tuvieron que ser desocupados. La situación refleja la dimensión del desafío habitacional y la presión que enfrentan las autoridades nacionales para acelerar las soluciones destinadas a las familias que perdieron sus hogares.
En cuanto al origen de los recursos, la información entregada por el Fondo señala que los $624.656 millones aprobados para las intervenciones provienen del Presupuesto General de la Nación y de financiación asociada a un préstamo del Banco Mundial. El gerente también precisó que, hasta el momento del reporte, no se habían recibido donaciones privadas, cooperación internacional ni aportes de particulares o entidades territoriales. Esta aclaración resulta importante porque el debate público también ha girado alrededor de las promesas iniciales de solidaridad y recaudación de recursos para atender a las víctimas. La administración de esos eventuales aportes debe diferenciarse de los recursos presupuestales administrados por el Fondo.
No obstante, el Gobierno ha reportado algunas entregas de soluciones habitacionales. El Ministerio de Vivienda informó el 11 de noviembre sobre la entrega de tres viviendas a familias damnificadas en Roldanillo y, el 12 de noviembre, anunció otras once entregas en Armenia. Además, el Ejecutivo proyecta construir 834 viviendas nuevas y realizar 3.504 mejoramientos habitacionales en los departamentos afectados. Estos anuncios muestran que existen acciones en marcha, pero también evidencian la distancia entre las metas anunciadas y las necesidades de una población que continúa esperando soluciones definitivas.
Desde el Congreso, las revelaciones de la nómina y las cifras de ejecución han reabierto el debate sobre la austeridad gubernamental, la transparencia y la capacidad administrativa del Fondo Milagro. La pregunta que ahora reclama respuestas no es solamente cuánto ganan sus directivos, sino qué resultados concretos justifican esos costos, cuál es el cronograma de reconstrucción y cuándo llegarán los recursos a cada municipio afectado. Mientras la estructura administrativa representa más de $765 millones mensuales, miles de familias esperan recuperar sus viviendas y sus condiciones de vida. El Fondo Milagro tendrá que demostrar que su funcionamiento se traduce en soluciones verificables y que la atención de la emergencia está por encima de cualquier interés burocrático.
