La columna de opinión escrita por Karen Alejandra Vargas Galeano cuestiona profundamente la eficacia del sistema penitenciario actual, argumentando que la expansión de mega cárceles y la cultura del castigo no resuelven las problemáticas estructurales ni garantizan mayor seguridad, sino que profundizan la desigualdad y convierten el encierro en un falso atajo social.
Por: KAREN ALEJANDRA VARGAS GALEANO, socióloga egresada de la universidad del Tolima – Columnista invitada
Hemos crecido bajo la premisa de que la prisión es ineluctable. Nos resulta casi imposible imaginarnos un mundo sin ella; aceptamos el castigo como el fin natural del crimen y el crimen como el camino inevitable hacia el castigo. Esta percepción no es casual, más bien me atrevería a decir causal. Podemos notar si prestamos atención cómo en nuestra cotidianidad encontramos esa narrativa que ve el castigo como el medio para la resolución de los conflictos, más precisamente de aquellos relacionados con el crimen. Encontramos en la literatura del siglo XIX, obras como Crimen y castigo (1867) de Dostoievski, El Extranjero (1942) de Albus Camus entre otras que sostienen este discurso en el imaginario universal.
Paralelamente, la cultura de masas nos ha inundado con contenido policial —desde documentales en canales como Investigation Discovery hasta ficciones criminales—, convirtiendo el encierro no sólo en un género de entretenimiento, sino una manera de sostener los delitos. A este fenómeno cultural se suma un factor político determinante, denominado la «era Reagan» en los años 80’s. Bajo la bandera de la «mano dura», Estados Unidos construyó 321 prisiones en sólo una década, exportando un modelo donde el delito sólo parece resolverse mediante la pena y el aislamiento.
A partir de este hecho histórico, los gobiernos en el mundo han instaurado las cárceles de máxima seguridad, y las mega cárceles como una institución necesaria para la sociedad. Acá hay una de dos opciones: o no logran ver más allá del horizonte, o saben perfectamente lo que hacen. Sin embargo, dejando lo mencionado anteriormente de lado, la historia y los datos contradicen la lógica de que las cárceles funcionan para la disminución del crimen. Primero, las prisiones no salvaguardan realmente los derechos ni siquiera los fundamentales; segundo, han fracasado en su promesa original de resocialización.
Lejos de prevenir la reincidencia, la expansión carcelaria genera el llamado «efecto esponja»: la infraestructura absorbe rápidamente a la población, pero no resuelve las causas del delito. A más celdas, más presos, lo que no es equivalente a más seguridad. Las prisiones se han convertido en el depósito de nuestros problemas sociales.
Es, reconozcámoslo, más sencillo encerrar a los individuos que abordar las fallas estructurales que nos aquejan. Preferimos la comodidad del muro a la responsabilidad de la transformación. Pero este atajo es el meollo del asunto: mientras más personas encerramos, la desigualdad más se profundiza. El reto no es solo abrir las celdas, sino cerrar las brechas que nos llevaron a construirlas. Quizás la respuesta no esté en el castigo, sino en formas de justicia que aún nos negamos a mirar de frente.
Hoy, la obsolescencia de las prisiones es evidente. Son escenarios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hacinamiento crónico, crisis de salud y violencia de género contra mujeres y la comunidad LGTBIQ+. Ante este panorama, es urgente plantearnos: ¿Son las prisiones la verdadera solución ante los problemas sociales y estructurales? ¿Son compatibles con la construcción de una «Paz Total» en Colombia? Y, finalmente, la pregunta que espero genere la semilla de la duda: ¿Podemos concebir un mundo sin prisiones?
