La Asamblea Departamental citó desde el día sábado a un debate de control político con respecto a la situación actual por la cuál el Hospital Federico Lleras Acosta se encuentra intervenido. Para ello se acordó invitar al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo y al Concejo Municipal.
El mandatario de los ibaguereños hizo referencia con respecto a los logros de su administración en torno al apoyo a la salud. Y señaló sobre la importancia de hacer una intervención oportuna para evitar que la problemática del centro asistencia se siga incrementando y de esa manera contrarrestar que los sobrecostos, coimas o irregularidades financieras se presenten.
“El Estado ha dejado que las EPS se roben el dinero porque los del contributivo pagamos, los del subsidiado pagamos, entonces aquí hay una trampa (…) aquí primero está la vida por encima de cualquier cosa, y es un derecho fundamental”, dijo el alcalde de Ibagué, quien además destacó la importancia de proteger al trabajador del Federico Lleras, inclusó señaló que produce más que el empledo de un centro asistencial de carácter privado.
El concejal por el partido verde, William Rosas realizó su intervención y describió la situación actual de Ibagué, en torno a las infraestructuras que están quedando sin utilidad debido a la falta de presupuesto e inversión por las instituciones gubernamentales. La clínica Esimed ubicada en la calle 60, el Seguro Social, entre otras. Asimismo culpó a la anterior administración por el manejo de los dineros destinados para estos hospitales.
El origen de la discusión
Inés Loaiza, interventora y contratista de las EPS, mencionó a Pijaos Salud que posee una deuda de $8 mil millones, Comparta con $7.357 millones, Caprecom con $6.827 millones, Nueva EPS con $6.416 millones, Salud Coop con $3.612 millones, entre otras entidades promotoras de salud junto con las que tienen en incertidumbre el futuro financiero del hospital Federico Lleras Acosta. Loaiza recalcó que se están realizando todos los trabajos pertinentes para poder remediar dicha situación.
El concejal Jorge Bolívar cuestionó con vehemencia las declaraciones de la interventora y afirmó que pareciera que se trata de una realidad diferente lo que ella explicó y la que viven los ibaguereños. El cabildante conservador contrastó la cifra del 88% de ocupación con el déficit de camas que supuestamente denuncian los ciudadanos.