Entre las montañas del oriente del Tolima, el bosque de Galilea se convirtió durante décadas en refugio campesino, escenario de confrontación armada y territorio codiciado por intereses políticos, petroleros y empresariales. Hoy, las comunidades organizadas defienden la memoria, la tierra y la biodiversidad desde el Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio.
En las montañas cubiertas por niebla del oriente del Tolima, el bosque de Galilea continúa guardando las huellas de una historia marcada por la guerra, el desplazamiento y la disputa por la tierra. Este corredor ecológico, ubicado entre Tolima y Cundinamarca, en inmediaciones del Sumapaz y del municipio de Villarrica, es considerado uno de los ecosistemas más importantes de la cordillera Oriental y un punto estratégico que conecta páramos y selvas andino-amazónicas.
Con cerca de 33 mil hectáreas de bosque húmedo montano, Galilea fue durante décadas refugio de familias campesinas que huyeron de la violencia bipartidista y del exterminio contra la Colonia Agrícola del Sumapaz. Allí, en medio de caminos de herradura y montañas cubiertas de neblina, se consolidó una comunidad campesina que resistió el abandono estatal y el conflicto armado.
La región también terminó atrapada en la confrontación entre grupos insurgentes y la Fuerza Pública. Durante años, la presencia de las FARC y las operaciones militares convirtieron la zona en un territorio de permanente zozobra, provocando el desplazamiento masivo de familias enteras entre finales de los años ochenta y la primera década del 2000.
Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, las comunidades esperaban iniciar un proceso de reconstrucción social y retorno al territorio. Sin embargo, nuevos intereses económicos comenzaron a aparecer sobre el bosque. Según líderes comunitarios, el retiro parcial de la confrontación armada abrió la puerta a proyectos extractivos relacionados con exploraciones petroleras y negocios ambientales.
Leidy Arévalo Villamor, integrante de la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea, relató que entre 2017 y 2018 creció la preocupación por el regreso de actividades asociadas a la petrolera Petrobras. La instalación de un batallón de alta montaña y de un helipuerto en la zona aumentó la tensión entre las comunidades campesinas.
Ante ese panorama, habitantes de municipios como Villarrica, Dolores, Prado y sectores de la cordillera del Tolima comenzaron a organizar encuentros comunitarios para rechazar la explotación del bosque y defender el territorio. De esas jornadas nació la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea, un proceso de articulación social y ambiental que logró reunir a centenares de personas.
Las reuniones se desarrollaron en una antigua escuela veredal abandonada durante más de dos décadas a causa del desplazamiento forzado. La Escuela Veredal Mixta de Galilea, que alguna vez fue centro de celebraciones, reuniones y educación campesina, terminó convertida en símbolo del abandono y de las secuelas de la guerra.
Sin embargo, la comunidad decidió resignificar ese lugar. Gracias a mingas comunitarias, apoyos académicos y aportes solidarios, la antigua escuela fue recuperada y transformada en el Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio (CMAI), inaugurado oficialmente el 30 de julio de 2022.
El CMAI se consolidó como un espacio de reconstrucción histórica y defensa territorial. Allí se realizan procesos de formación ambiental, encuentros comunitarios, actividades culturales y ejercicios de memoria sobre las víctimas del conflicto armado y las luchas agrarias que marcaron la región durante más de medio siglo.
Dentro de los hallazgos realizados por las organizaciones campesinas surgió también una polémica sobre la propiedad de la tierra. Según los procesos de investigación comunitaria, amplias extensiones del bosque aparecieron registradas a nombre de particulares y sociedades privadas que nunca habitaron físicamente el territorio.
Entre los nombres mencionados por líderes sociales aparecen herederos vinculados al expresidente Laureano Gómez, quienes, según denuncias comunitarias, habrían obtenido escrituras sobre más de 16 mil hectáreas tras la violencia ocurrida en la región del Sumapaz. Posteriormente, esos terrenos habrían sido subdivididos y comercializados con diferentes empresas privadas.
La controversia se amplió con la llegada de proyectos de bonos de carbono y esquemas REDD+ dentro del área protegida. Habitantes del bosque cuestionan que las comunidades campesinas no hayan recibido beneficios económicos directos pese a que históricamente han sido quienes han conservado el ecosistema y protegido el territorio frente a la deforestación y la explotación externa.
En 2019, el bosque de Galilea fue declarado Parque Natural Regional, decisión que frenó proyectos de explotación petrolera y fortaleció medidas de conservación ambiental. Aunque la declaratoria representó una victoria para las organizaciones ambientales y campesinas, también abrió nuevos desafíos sobre el acceso, uso y formalización de la tierra para las familias que habitan históricamente la zona.
Actualmente, las comunidades impulsan la creación de la Zona de Reserva Campesina La Guardiana de Galilea, un proyecto que busca integrar 27 veredas entre Villarrica, Cunday y Purificación. La propuesta pretende garantizar derechos territoriales, fortalecer la producción agrícola sostenible y proteger la permanencia de las familias campesinas en medio de las restricciones ambientales.
Para quienes integran el CMAI Galilea, el bosque representa mucho más que un ecosistema estratégico. Es un territorio de memoria, resistencia y dignidad campesina. A través de exposiciones fotográficas, encuentros de formación y procesos de investigación comunitaria, sus habitantes buscan dejar testimonio de una historia atravesada por la violencia, el despojo y la defensa de la vida en las montañas del Tolima.
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