El Ejecutivo prepara un “estatuto antiterrorista” que contempla nuevas herramientas jurídicas para combatir a las organizaciones criminales. La propuesta incluiría una reclasificación de los Grupos Armados Organizados como organizaciones terroristas.
El Gobierno Nacional prepara un nuevo “estatuto antiterrorista” con el que busca fortalecer las herramientas jurídicas disponibles para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones de Colombia.
La iniciativa fue anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó en diálogo con Blu Radio que el proyecto contempla medidas específicas para responder al escenario de violencia que atraviesa actualmente el país.
Uno de los principales cambios planteados sería la reclasificación de los Grupos Armados Organizados (GAO), entre ellos estructuras guerrilleras, bajo la categoría de organizaciones terroristas, con el propósito de establecer mecanismos legales diferenciados para combatirlas.
El anuncio se conoce en medio de lo que el Gobierno considera uno de los periodos de mayor violencia registrados en Colombia durante la última década, situación que ha generado preocupación por el fortalecimiento de diferentes organizaciones armadas y criminales.
Según el ministro Lara, el presidente Abelardo de la Espriella pretende modificar de manera significativa la estrategia de seguridad implementada durante el Gobierno anterior, especialmente frente al tratamiento otorgado a los grupos armados.
La nueva administración cuestiona los resultados de la denominada “paz total”, política que buscó establecer acercamientos y procesos de negociación con diferentes organizaciones armadas. Desde el actual Gobierno se sostiene que esta estrategia terminó favoreciendo el fortalecimiento de algunas estructuras ilegales.
El estatuto que prepara el Ejecutivo buscaría, por tanto, dotar al Estado de instrumentos jurídicos adicionales para perseguir a las organizaciones señaladas de ejercer acciones terroristas y enfrentar con mayor contundencia sus estructuras.
La propuesta deberá avanzar por los procedimientos correspondientes antes de convertirse en una herramienta legal. Su eventual implementación abrirá además un debate sobre el alcance de la nueva clasificación de los grupos armados, las facultades del Estado y las garantías jurídicas aplicables durante las operaciones contra estas organizaciones.
