En medio de una crisis fiscal, el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, está evaluando la posibilidad de imponer impuestos a las iglesias y confesiones religiosas, una medida que había sido descartada en 2022.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció que se está preparando una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar al menos 12 billones de pesos para financiar el presupuesto nacional. Esta iniciativa surge tras el rechazo de una propuesta similar a finales del año pasado, lo que obligó al Gobierno a reducir su gasto a aproximadamente 511 billones de pesos en 2025.
Entre las medidas que se están considerando, se encuentra la posibilidad de gravar a las iglesias y organizaciones religiosas. Esta idea ya había sido planteada en la reforma tributaria de 2022, pero fue retirada durante el proceso legislativo. En ese momento, se propuso que las iglesias pagaran un impuesto sobre la renta con una tarifa preferencial del 20% por actividades comerciales, excluyendo las donaciones y actividades directamente relacionadas con el culto religioso.
La reconsideración de esta medida se da en un contexto de estrechez económica. Recientemente, el Gobierno decidió congelar los recursos destinados a la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá debido a problemas fiscales, tras el fracaso de una ley de financiamiento que buscaba recaudar 12 billones de pesos adicionales.
Además, el Gobierno ha firmado decretos agrícolas como parte de la conmoción interior declarada en el Catatumbo, buscando ofrecer alivios financieros a los campesinos desplazados por el conflicto. Estas medidas requieren recursos adicionales, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas.
La propuesta de gravar a las iglesias ha generado debate en la sociedad colombiana. Algunos sectores argumentan que estas instituciones deben contribuir al fisco, especialmente cuando realizan actividades comerciales. Por otro lado, defensores de las iglesias sostienen que muchas de ellas realizan labores sociales y de beneficencia que benefician a comunidades vulnerables.
En marzo de 2024, el Gobierno firmó un convenio con al menos 800 iglesias registradas en Colombia, permitiéndoles contratar con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables, a pesar de que estas instituciones no pagan impuestos. Este acuerdo generó controversia y fue interpretado por algunos como una estrategia para ganar apoyo político.
El éxito de la nueva reforma tributaria dependerá en gran medida del respaldo que el Gobierno logre en el Congreso. Recientemente, el Partido Liberal se declaró en independencia, debilitando la coalición legislativa de Petro. Esta fragmentación política podría dificultar la aprobación de medidas fiscales controvertidas, como el impuesto a las iglesias.
El Gobierno de Petro enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de aumentar los ingresos fiscales con las sensibilidades sociales y políticas que implica gravar a instituciones religiosas. La discusión sobre este tema promete ser intensa en los próximos meses, mientras el país busca soluciones a su crisis fiscal.
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