El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó hoy que el incremento en el precio del diésel es una medida necesaria debido a la delicada situación fiscal que enfrenta Colombia. La declaración se produjo al final de una reunión en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) para abordar el impacto del paro camionero en todo el país.
Cristo subrayó que, aunque el aumento es una medida difícil, es imprescindible para la estabilidad económica del país. “Es una decisión inevitable. Este Gobierno no habría querido tomarla, pero es necesaria debido a la crisis fiscal que enfrentamos. No podemos seguir subsidiando el combustible indefinidamente”, afirmó el ministro.
El aumento del diésel ha desatado una ola de protestas y bloqueos por parte de transportadores, especialmente pequeños camioneros que temen por el impacto económico en sus hogares. El ministro reconoció la preocupación del sector y aseguró que el Gobierno está comprometido a seguir dialogando para encontrar soluciones a largo plazo. No obstante, hizo un llamado urgente a los manifestantes para que levanten los bloqueos que han paralizado importantes rutas del país.
Cristo también destacó que la medida había sido postergada por cinco años, lo que hizo insostenible continuar con el subsidio al diésel. “El subsidio al combustible no puede ser la única base de rentabilidad para el transporte. Es inviable a futuro”, explicó. Agregó que la administración está en conversaciones constantes con más de 800 camioneros de diversas agremiaciones para escuchar sus propuestas y preocupaciones.
La situación ha generado bloqueos en varias regiones, afectando la movilidad y el abastecimiento. El ministro instó a los manifestantes a permitir el paso de vehículos esenciales como ambulancias para evitar impactos negativos en la vida cotidiana de los colombianos. “Debemos rechazar las vías de hecho y priorizar el diálogo”, señaló Cristo.
En la reunión del PMU también se discutió con gobernadores, alcaldes, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para coordinar acciones que permitan mantener el orden público durante las protestas y garantizar la seguridad en las carreteras.
