El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, informó que la administración del presidente electo Abelardo De la Espriella revisará el Decreto 765 de 2026, que regula la transferencia de predios rurales administrados por la SAE hacia la Agencia Nacional de Tierras. El futuro funcionario advirtió que la medida debe garantizar seguridad jurídica y respeto por el debido proceso.
El proceso de transición entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo Abelardo De la Espriella abrió un nuevo debate sobre la política de tierras en Colombia. El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, anunció que una de las primeras revisiones del nuevo gabinete estará enfocada en el Decreto 765 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La norma establece lineamientos para la transferencia de predios rurales administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la reforma agraria y ampliar el acceso a la tierra para la población campesina.
Sin embargo, Dangond manifestó que el decreto plantea inquietudes jurídicas que deberán ser evaluadas por el próximo Gobierno. Según explicó, uno de los principales aspectos objeto de revisión es la posibilidad de acelerar la entrega de algunos predios mientras aún existan procesos de extinción de dominio o situaciones jurídicas pendientes de resolución.
El ministro designado sostuvo que cualquier política pública relacionada con la distribución de tierras debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes involucradas, incluidos campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas.
«El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras», afirmó Dangond, al insistir en que las decisiones sobre propiedad rural deben ofrecer seguridad jurídica y evitar futuros conflictos derivados de eventuales controversias legales sobre los inmuebles objeto de transferencia.
El Gobierno entrante precisó que la revisión del decreto buscará establecer el verdadero alcance de la medida y analizar sus efectos jurídicos y administrativos antes de adoptar una decisión definitiva. El objetivo, según el equipo del presidente electo, será asegurar que la política de tierras avance con transparencia, legalidad y estabilidad institucional.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos formulados por el ministro designado. El Decreto 765 hace parte del conjunto de instrumentos expedidos para acelerar la implementación de la reforma agraria durante la actual administración.
El anuncio anticipa uno de los primeros debates que enfrentará el nuevo Gobierno en materia rural. Mientras la administración saliente defiende la redistribución de tierras como eje de la reforma agraria, el equipo del presidente electo sostiene que cualquier avance deberá armonizarse con el respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y las garantías constitucionales sobre la propiedad.
