El Gobierno Nacional se encuentra en discusión sobre si el decreto de conmoción interior, que se implementará en la región del Catatumbo (Norte de Santander), debe también abarcar al departamento de Arauca. La decisión, según fuentes oficiales, se ha demorado por las implicaciones jurídicas y operativas que implicaría extender esta medida.
El debate se centra en los movimientos de guerrilleros del ELN, quienes habrían llegado al Catatumbo desde Arauca. Incluso, se maneja la hipótesis de que el tránsito se realizó a través de territorio venezolano, lo que ha tensado las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
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Durante la mañana de este jueves, ministros y generales de las Fuerzas Militares, junto con el equipo jurídico del Ejecutivo, han estado reunidos en la Casa de Nariño analizando las posibles repercusiones de la ampliación del decreto. La medida busca reforzar la seguridad y garantizar la soberanía en estas regiones afectadas por el conflicto armado.
El presidente Gustavo Petro ha defendido la declaratoria de conmoción interior y emergencia económica y social, aclarando que su propósito es exclusivamente la protección del territorio nacional. _”No se trata de buscar una reelección ni de revivir la ley de financiamiento que fue rechazada por el Congreso,”_ señaló el mandatario en respuesta a las críticas de diferentes sectores.
Entre los opositores, los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han manifestado preocupación por el alcance de esta medida, argumentando que no existen razones suficientes para justificar un estado de excepción. En tanto, Efraín Cepeda, presidente del Congreso, también expresó su escepticismo.
El estado de conmoción interior es una herramienta constitucional que permite al Gobierno adoptar medidas extraordinarias en casos de grave perturbación del orden público. Sin embargo, su aplicación ha sido históricamente objeto de debate por las implicaciones sobre los derechos y libertades de los ciudadanos.
Por ahora, la decisión final sobre la inclusión de Arauca en el decreto sigue en análisis. Mientras tanto, el país espera la oficialización de esta medida y el impacto que tendrá en las dinámicas de seguridad y gobernabilidad en estas regiones clave para el conflicto armado.
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