En un pronunciamiento a través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro defendió la reciente declaración de estado de conmoción interior y emergencia económica, argumentando que la medida tiene como objetivo principal defender la soberanía nacional ante las amenazas provenientes del ELN en las regiones del Catatumbo y Arauca.
El mandatario negó tajantemente que la decisión tenga fines electorales o esté destinada a revivir la ley de financiamiento sin la aprobación del Congreso. “No es para mi reelección ni para cobrar los impuestos que no permitió el Congreso en la ley de financiamiento”, afirmó Petro en respuesta a las críticas de sectores de oposición.
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Sin embargo, el presidente señaló que el hundimiento de dicha ley, liderado por el senador Efraín Cepeda y otros sectores, debilitó al Estado y facilitó la estrategia del ELN en estas regiones. Según Petro, este contexto ha agravado la situación, convirtiendo al grupo armado en una amenaza para la soberanía del país, más allá de los límites del conflicto armado interno.
“El decreto no es solo para financiar unas actividades en el Catatumbo, sino para defender la soberanía nacional”, explicó Petro, al tiempo que calificó las acciones del ELN como “una estrategia mortal que pone en peligro la soberanía nacional”. Además, destacó la importancia de empoderar a las comunidades en estas regiones como un eje central para contrarrestar la influencia del grupo armado.
Las declaraciones del mandatario generaron reacciones divididas. Mientras algunos sectores políticos consideran que la medida es necesaria para enfrentar la crisis en las zonas afectadas, otros, principalmente de la oposición, han expresado preocupación por el alcance del decreto y sus posibles implicaciones políticas.
Por otro lado, Petro enfatizó que el poder actual del ELN no se ha consolidado de manera interna, sugiriendo que su debilitamiento debe ir acompañado del fortalecimiento de las instituciones locales y del apoyo a las comunidades en las áreas afectadas por el conflicto.
La medida también plantea interrogantes sobre los próximos pasos del gobierno, especialmente en lo relacionado con las acciones contra el ELN y los planes para garantizar la seguridad en el Catatumbo y Arauca. En ese sentido, expertos han señalado la importancia de mantener la transparencia en la implementación del decreto para evitar dudas sobre su finalidad.
A medida que avanza el desarrollo de esta situación, el país permanece a la expectativa de las decisiones que se tomen y del impacto que estas puedan tener en las dinámicas del conflicto armado y en las regiones directamente involucradas.
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