En una movida estratégica que anticipa un fuerte debate legislativo, el Gobierno Nacional radicará el próximo 20 de julio un proyecto de ley para prohibir el fracking en el país, buscando blindar los recursos hídricos y ambientales ante el inminente cambio de mando y la postura opuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien defiende esta técnica bajo condiciones estrictas.
El Gobierno Nacional ha confirmado que, en una de sus últimas apuestas legislativas antes de concluir su periodo constitucional, radicará formalmente ante el Congreso de la República un proyecto de ley destinado a prohibir de manera definitiva la práctica del fracking en el territorio nacional. Esta iniciativa, que será presentada el próximo 20 de julio, cuenta con el respaldo directo de los ministerios de Minas y Energía, y de Ambiente, además de una bancada de congresistas del Pacto Histórico que busca consolidar esta medida de carácter ambientalista antes de que se produzca el relevo presidencial en el país durante el próximo mes.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la sustentación técnica de este proyecto no es menor, pues se basa en una serie de estudios científicos que han advertido, de manera constante, sobre los graves riesgos ambientales, sociales y de salud pública que conlleva el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico. La postura del Ejecutivo es que la extracción de hidrocarburos bajo estas condiciones representa una amenaza directa que no puede seguir siendo ignorada por el Estado frente a las futuras generaciones de colombianos que dependen de los ecosistemas estratégicos.
El Gobierno ha subrayado que el objetivo principal detrás de este proyecto de ley es la protección integral de los ecosistemas estratégicos y la salvaguarda de los recursos hídricos, los cuales han sido identificados como las zonas más vulnerables ante la implementación de estas técnicas extractivas en el país. Además, esta propuesta legislativa se enmarca dentro de la visión de una transición energética que busca alejarse de los combustibles fósiles para promover modelos basados en fuentes de energía renovables, tratando así de asegurar la sostenibilidad ambiental del territorio nacional a largo plazo y reduciendo la dependencia económica del petróleo.
Este anuncio político cobra un matiz de alta tensión debido al proceso de transición que vive Colombia hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha mantenido una posición diametralmente opuesta respecto al manejo de los recursos energéticos. Mientras el Gobierno saliente busca una prohibición absoluta, el mandatario electo ha manifestado públicamente que su administración permitiría el fracking bajo condiciones estrictas, limitando su ejercicio únicamente a zonas geográficas donde no se comprometa la integridad de los páramos, parques nacionales ni áreas de reserva ambiental protegida en el territorio nacional.
La radicación del proyecto el 20 de julio, fecha que coincide con la instalación de la nueva legislatura, se interpreta en los pasillos del Congreso como un intento por dejar un legado normativo sólido que condicione el accionar de la próxima administración frente a la explotación de hidrocarburos no convencionales. La pugna entre la visión de una transición energética total y una explotación técnica responsable se convertirá, inevitablemente, en uno de los puntos más álgidos de la agenda legislativa durante los próximos meses, atrayendo la atención de diversos sectores económicos y sociales interesados.
Expertos en el sector energético han señalado que este debate trasciende lo puramente ambiental, pues pone sobre la mesa interrogantes fundamentales sobre la soberanía energética del país y la dependencia económica que aún existe frente a las rentas provenientes del petróleo. La discusión no solo involucra a los ministerios y al Congreso, sino que también ha despertado las voces de movimientos sociales, ambientalistas y gremios empresariales, cada uno con argumentos válidos que presionan tanto por el cuidado del agua como por la estabilidad fiscal que requiere la economía nacional en este momento crítico.
La insistencia del Gobierno sobre los riesgos a la salud pública apunta a la gestión de los vertimientos y el uso intensivo de agua que requiere el fracking, factores que, según los informes citados por el ministro Palma, han sido subestimados en los proyectos piloto actuales. La preocupación radica en la posibilidad de contaminación de acuíferos subterráneos y el impacto negativo que esto tendría sobre las comunidades rurales y agrícolas que dependen directamente de estas fuentes hídricas para su sustento diario, convirtiendo el agua en el centro del debate nacional.
Finalmente, el camino que deberá recorrer este proyecto en el legislativo será incierto, pues dependerá de las mayorías parlamentarias que logre consolidar el gobierno saliente en sus últimas semanas y de la capacidad de oposición que ejerza la bancada que apoyó la candidatura de De la Espriella. Lo cierto es que el 20 de julio marcará el inicio de un pulso político decisivo, donde la balanza entre la protección ambiental y la política de hidrocarburos se definirá en el recinto del Capitolio Nacional, afectando el rumbo energético de Colombia por las próximas décadas.
