El Gobierno Nacional acusa a Vanti de especular con los precios del gas, mientras la empresa justifica el aumento por costos de importación y transporte. La medida afectará a más de 3.5 millones de usuarios en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.
El aumento en la tarifa del gas natural ha desatado un enfrentamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro y la empresa Vanti, que anunció incrementos de hasta el 36% en la factura del servicio a partir de este mes. Según la compañía, la subida se debe al encarecimiento del gas, que ahora debe ser transportado desde el Caribe y, en parte, importado debido a la insuficiencia de producción local.
Este ajuste impactará a más de 3.5 millones de usuarios en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, siendo la capital del país donde se registrará el mayor incremento. Actualmente, el costo promedio de la factura en Bogotá es de 38.000 pesos, pero con el alza podría llegar a los 52.000 pesos mensuales.
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Desde el Ministerio de Minas y Energía han cuestionado el argumento de Vanti, asegurando que Ecopetrol garantiza el abastecimiento del gas para todo el año. En consecuencia, la cartera ministerial solicitó una investigación para determinar si la empresa está justificando el alza con razones infundadas.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció en contra de Vanti, señalando que la empresa estaría especulando con los precios y optando por importar gas más caro de forma innecesaria. Según el mandatario, la situación podría afectar la economía de los hogares colombianos, razón por la que el Gobierno tomará medidas para frenar posibles abusos.
Por su parte, el presidente del Grupo Vanti calificó la investigación como “injusta” y explicó que la importación de gas se debe a que los productores nacionales no pudieron renovar los contratos en las mismas condiciones, lo que obligó a la empresa a buscar alternativas en mercados internacionales.
El debate sobre la seguridad energética y el suministro de gas en Colombia no es nuevo. Desde finales de 2023, el sector ha alertado sobre un posible desabastecimiento, lo que llevó al país a importar gas por primera vez en 45 años. Sin embargo, el Gobierno insiste en que no existen problemas estructurales con el servicio y que el suministro está garantizado.
Esta disputa pone en evidencia la fragilidad del mercado energético en el país y la falta de consenso entre el sector público y privado sobre las medidas necesarias para garantizar la estabilidad en los precios y el abastecimiento del gas. Mientras tanto, los usuarios se preparan para asumir el impacto económico de este incremento en sus facturas.
Las autoridades regulatorias deberán esclarecer si Vanti está actuando conforme a la realidad del mercado o si, como afirma el Gobierno, el alza es producto de una estrategia especulativa que perjudica a millones de colombianos.
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