El presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que mantiene el incremento del salario mínimo en 23,7 % para 2026 tras la suspensión provisional del decreto original, defendiendo que los derechos y conquistas del pueblo se hacen respetar con esta decisión gubernamental.
En un acto público celebrado en la Plaza de Bolívar de Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que ratifica el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto original por requerir fundamentos técnicos adicionales.
La medida, que mantiene el salario mínimo legal mensual vigente en aproximadamente $2’000.000 con auxilio de transporte, fue defendida por el mandatario como una conquista social fundamental que responde a la defensa de los derechos del pueblo colombiano frente a las decisiones judiciales recientes.
Durante su intervención, Petro sostuvo que los derechos y las conquistas históricas no solo deben impulsarse desde el Ejecutivo, sino que “el pueblo las hace respetar él mismo”, en alusión al respaldo social manifestado en jornadas de protesta y en el proceso de defensa de la medida salarial.
El nuevo decreto provisional presentado al Consejo de Estado incorpora los estudios técnicos exigidos —como análisis de productividad laboral, salario relativo y canasta mínima vital— para justificar el incremento dentro del marco jurídico y constitucional colombiano.
La firma del decreto se produjo en medio de muestras de apoyo ciudadano reunidas en la Plaza de Bolívar, en las que trabajadores y sectores sociales celebraron la decisión del Gobierno de mantener el reajuste a pesar de los cuestionamientos iniciales sobre su viabilidad técnica.
Este mantenimiento del alza salarial llega tras un intenso debate nacional que incluyó manifestaciones, pronunciamientos gremiales y políticos, así como la intervención judicial que obligó al Ejecutivo a sustentar su decisión con argumentos técnicos más sólidos.
El incremento del 23,7 % representa uno de los ajustes más altos decretados en décadas, y su defensa por parte del Gobierno busca consolidar una política de salario mínimo vital que fortalezca el poder adquisitivo de los trabajadores formales en medio de un contexto económico desafiante.
Con la firma del nuevo decreto, el Gobierno aseguró que el ajuste salarial se mantendrá vigente mientras el Consejo de Estado evalúa su legalidad definitiva, permitiendo que millones de trabajadores sigan recibiendo los beneficios del salario mínimo vital sin retrocesos en su remuneración.
