El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 448 del 17 de abril de 2025, mediante el cual se ordena la suspensión de acciones ofensivas contra el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, como parte del preacuerdo hacia su tránsito a la vida civil.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía Nacional contra estructuras armadas irregulares que integran el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio. Así quedó estipulado en el Decreto 448 del 17 de abril de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro.
La medida busca garantizar condiciones de seguridad para el preagrupamiento de estas estructuras en zonas definidas y avanzar hacia su tránsito a la vida civil, como parte del proceso de paz que el Ejecutivo lidera. El decreto aplica desde las 00:00 horas del 18 de abril hasta las 24:00 horas del 18 de mayo del presente año.
La decisión fue compartida por el mandatario a través de sus redes sociales, como muestra del compromiso del Gobierno con una solución negociada al conflicto armado, en línea con lo establecido en la Ley 2272 de 2022, que considera la paz como política de Estado.
Según el decreto, la suspensión incluye a los bloques “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Jorge Suárez Briceño” y “Frente Raúl Reyes FARC-EP”, así como a frentes específicos que operan en regiones como el Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar.
El documento destaca que esta suspensión no afecta el cumplimiento constitucional de la Fuerza Pública en defensa del orden y la integridad territorial. Se trata de una medida puntual, orientada a crear condiciones propicias para continuar el diálogo y evitar nuevos incidentes armados.
Asimismo, el decreto resalta los avances logrados en los territorios priorizados para la paz, como la restitución de tierras, el desarrollo agroalimentario, la sustitución de cultivos ilícitos y el retorno de población desplazada, especialmente en zonas del Catatumbo, Yari y sur de Bolívar.
Para supervisar la implementación de esta medida, se creó un equipo de evaluación política, conformado por representantes del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fuerza Pública y la Mesa de Diálogos de Paz.
También se establece un mecanismo de comunicación entre las partes, con el fin de facilitar el diálogo y evitar rupturas que afecten el proceso. Esto responde a la intención del Gobierno de transformar zonas afectadas por el conflicto en laboratorios de paz y desarrollo.
La decisión se da en un contexto complejo, luego de que el 16 de abril el presidente notificara la no prórroga del cese al fuego bilateral y temporal con estas estructuras. Sin embargo, se reconoce la necesidad de adoptar nuevas disposiciones que aseguren la continuidad del proceso de paz.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la legitimidad del Estado en territorios históricamente afectados por la violencia, apostándole a la transformación territorial, la justicia social y la consolidación de la paz total.
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