La Defensoría del Pueblo y entidades del Gobierno Nacional respondieron al rechazo de sectores políticos en Tolima frente al traslado de 92 personas víctimas del conflicto armado desde el Catatumbo a Honda. Autoridades recalcan que reubicar no es ilegal, sino un deber constitucional para proteger la vida y los derechos de las víctimas.
La reubicación de 92 personas víctimas del conflicto armado en Honda, Tolima, ha desatado una controversia política y social luego de que el diputado departamental Juan Guillermo Beltrán expresara su rechazo a esta medida humanitaria. Frente a este hecho, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, hizo un enérgico llamado al respeto de los derechos de quienes han sido desplazados por la violencia en el Catatumbo, Norte de Santander.
“Desconocer los derechos de las víctimas no es una opción. Es un incumplimiento de la ley”, afirmó Marín, rechazando las manifestaciones de discriminación contra las familias reubicadas. Entre los trasladados se encuentran 13 firmantes del Acuerdo de Paz, quienes buscan rehacer su vida en condiciones de dignidad y seguridad, tras huir de la violencia.
En un comunicado conjunto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz calificaron de “falsos” y “estigmatizantes” los señalamientos del diputado Beltrán, advirtiendo que sus afirmaciones ponen en riesgo la vida e integridad de estas personas. “Ninguna autoridad puede restringir el derecho de reubicación de las víctimas”, recordaron.
Beltrán, por su parte, declaró que “Honda no tiene por qué recibir personas del Catatumbo” y aseguró que el proceso se hizo sin consultar a las autoridades locales. Sin embargo, la ARN desmintió esa versión afirmando que tanto la Gobernación como la Alcaldía de Honda participaron activamente en las mesas técnicas de coordinación con el Gobierno Nacional.
El proceso de reubicación, según la Agencia Nacional de Tierras, incluye la entrega de un predio en Tolima para las familias desplazadas, con acompañamiento permanente de entidades estatales. “Lo que se busca es que estas personas puedan reiniciar su proyecto de vida de forma segura y sostenible”, dijo Alejandra Miller, directora de la ARN.
En redes sociales, sectores afines al diputado convocaron a un plantón para rechazar el traslado. La Defensoría del Pueblo respondió con un mensaje claro: “No podemos actuar desde el egoísmo o un regionalismo mal entendido que rompa nuestros lazos como connacionales”.
La Defensoría reiteró que el acompañamiento estatal es integral, y que la discriminación o estigmatización contra estas comunidades es una forma de revictimización. “Hacemos un llamado a la sociedad a rechazar el odio y solidarizarse con quienes más han sufrido la guerra”, concluyó Iris Marín.
El traslado responde a la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, agudizada por el accionar violento de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC. El Tolima, al recibir estas familias, se convierte en un territorio clave para la construcción de paz.
La decisión del Gobierno Nacional de adelantar estos procesos en el departamento está acompañada por la Misión de Verificación de la ONU, que ha insistido en la necesidad de generar condiciones dignas, sostenibles y sin estigmas para las víctimas del conflicto.
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