Durante una reunión con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Ángela Stella Duarte, personeros y abogados litigantes del Tolima expusieron su inconformidad ante la creciente mora judicial, deficiencias en la atención y falta de control en los juzgados del departamento.
El pasado jueves 24 de abril, en las instalaciones del Palacio de Justicia de Ibagué, se llevó a cabo una reunión entre la magistrada Ángela Stella Duarte Gutiérrez, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y representantes del sector judicial del Tolima. Entre ellos, personeros de distintos municipios y abogados litigantes expusieron con preocupación el deterioro de la administración de justicia en la región.
Durante el encuentro, los asistentes señalaron los altos niveles de mora judicial como uno de los principales problemas. La abogada Sonia, una de las participantes, denunció el maltrato hacia los usuarios y la desatención por parte de algunos funcionarios judiciales. “Ponen más atención a las mascotas que llevan a los juzgados que a los ciudadanos que esperan justicia”, expresó con evidente molestia.
Otro de los puntos críticos que se abordaron fue la falta de control sobre el cumplimiento laboral de los funcionarios judiciales. Según varios testimonios, los juzgados presentan ausentismo constante, y no existe una administración efectiva que supervise horarios, asistencia o productividad, lo cual agrava la congestión de procesos sin solución oportuna.
El abogado litigante Ronald también intervino durante la reunión para advertir que la mora judicial se ha convertido en una práctica común y tolerada. “Es parte del día a día. Los consejos seccionales no están administrando ni resolviendo el problema”, afirmó. Además, criticó que varios juzgados civiles ya no emiten autos diariamente, lo que representa un retroceso en los estándares judiciales, y no representa el deber ser de por lo menos unos 35 autos a la semana dándole celeridad al represamiento de proceso judiciales que llegan aproximadamente 1.500 por juzgado al mes.
Con la implementación de la virtualidad y el teletrabajo, se evidenció una caída en la productividad. Según los abogados presentes, antes de la pandemia, los juzgados emitían autos diariamente. Hoy, muchos despachos no lo hacen, y no existen mecanismos de control visibles por parte de los órganos superiores de la judicatura que garanticen una mejora en el servicio.
La falta de resultados medibles por parte de la Rama Judicial fue otro de los reclamos recurrentes. “El Consejo Superior de la Judicatura se excusa en la carga laboral, pero no tiene cifras claras del trabajo diario de los juzgados”, criticaron algunos asistentes. La ausencia de estadísticas y supervisión agrava la percepción de desinterés institucional frente al problema.
El equipo periodístico de LAOTRAVERDAD.CO visitó el Palacio de Justicia de Ibagué el 29 de abril, y encontró un panorama desolador. Se registró un ausentismo superior al 50% en algunos despachos judiciales, lo que genera preguntas sobre quién administra realmente la presencia y desempeño del personal en estas dependencias públicas.
La falta de transparencia y seguimiento por parte del Consejo Seccional de la Judicatura ha generado desconfianza no solo entre los abogados litigantes, sino también entre los ciudadanos que recurren a la justicia como último recurso para la resolución de conflictos. El descontento generalizado apunta a una desconexión entre la ciudadanía y los entes judiciales responsables de garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Ante este panorama, los personeros del Tolima pidieron medidas urgentes y efectivas para controlar el ausentismo, mejorar la atención al público, agilizar los procesos judiciales y fortalecer los canales de evaluación de desempeño de los funcionarios. “Es momento de que la administración de justicia deje de excusarse y empiece a actuar”, concluyeron.
El llamado de atención realizado en esta reunión se convierte en un campanazo de alerta para la Rama Judicial, que deberá replantear sus prácticas internas y generar respuestas contundentes frente a las crecientes denuncias por ineficiencia, descontrol administrativo y pérdida de confianza ciudadana.
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