Los trabajadores de la Rama Judicial han expresado su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley 2430 de 2024, que establece la obligatoriedad de la presencialidad en varios procedimientos judiciales, especialmente en los juicios penales. Esta nueva normativa ha generado dudas sobre la capacidad de la infraestructura judicial para adaptarse a los cambios que exige la ley.
Según jueces y abogados, uno de los principales temores es que la exigencia de la presencialidad podría ralentizar el proceso judicial, debido a la insuficiencia de salas de audiencia y la falta de recursos para atender la creciente demanda de juicios. Este retraso impactaría negativamente en la evacuación de procesos, afectando a todas las partes involucradas.
La falta de directrices claras por parte del Consejo Superior de la Judicatura agrava aún más la situación, pues hasta la fecha no se han anunciado medidas concretas para dotar a las sedes judiciales con los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para implementar la Ley 2430 de 2024 de manera efectiva. La ausencia de estos recursos podría impedir el cumplimiento del mandato de presencialidad en las audiencias.
Asonal Judicial, el sindicato que representa a los trabajadores del sector, ha advertido que para que la ley sea efectiva, es imperativo que el Consejo Superior de la Judicatura garantice una adecuada dotación de recursos materiales y humanos en las sedes judiciales. Las actuales condiciones no permiten albergar adecuadamente a las personas privadas de la libertad ni sostener la cantidad de audiencias necesarias.
El sindicato insiste en que la administración de justicia no solo debe garantizar el acceso y la eficiencia en los procesos judiciales, sino también velar por el cumplimiento del debido proceso. Esto solo será posible si se fortalecen las capacidades operativas del sistema judicial, dotándolo de los recursos adecuados.
Si no se toman medidas urgentes, el mandato de la Ley 2430 de 2024 podría quedar sin efecto práctico, lo que afectaría el desarrollo de los juicios y, en última instancia, la confianza en el sistema judicial.
