En un operativo controvertido y sorpresivo, varias viviendas en el asentamiento Hato de La Virgen, ubicado en el barrio Tulio Varón, comuna 8 de Ibagué, fueron demolidas. Los habitantes acusan a funcionarios de la Alcaldía de aprovechar la ausencia de los residentes para ingresar a las casas, violentar chapas y retirar pertenencias antes de proceder con las demoliciones.
Carlos Andrés Ochoa, quien ha vivido en el sector por más de 15 años, expresó su indignación ante estos hechos. “Quiero dar las gracias a Ecos del Combeima por permitirnos expresar y denunciar el atropello del que estamos siendo víctimas. La Alcaldía, a través de unos funcionarios, nos tiene en unos censos y nos están diciendo que nos van a demoler las casas”, afirmó Ochoa.
Ochoa hizo un llamado a los entes de control y a la alcaldesa Johana Aranda para que tomen cartas en el asunto. “Sé que es una persona muy consciente y muchos de acá votamos por ella. Espero que este mensaje le llegue y nos escuche. Nuestras casas llevan más de 20, 30 años aquí, no están hechas ni de madera ni de esterilla, sino que contamos con servicios legalizados de alcantarillado. Tenemos una canalización a unos 15 metros detrás de las casas”, detalló.
A pesar de la existencia de un fallo del magistrado ordenando la demolición, Ochoa argumentó que el magistrado podría no estar al tanto de las mejoras y legalizaciones realizadas en el área. “Tenemos todos los servicios legalizados y pagamos impuesto predial. Tenemos derechos adquiridos después de vivir aquí por más de 15 a 30 años”, agregó.
Los vecinos del Hato de La Virgen están solicitando el acompañamiento de las autoridades de control para que se haga justicia y se detengan las demoliciones. Según Ochoa, lo que está ocurriendo es una verdadera injusticia y esperan que las autoridades competentes intervengan para proteger sus derechos y propiedades.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los residentes, quienes temen perder sus hogares sin una resolución justa. La comunidad del barrio Tulio Varón se mantiene en alerta y busca respuestas y apoyo de las entidades correspondientes.
Por su parte, la alcaldesa Johana Aranda aún no ha emitido un comunicado oficial sobre estos hechos. Los habitantes esperan que la mandataria intervenga para revisar la situación y detener las demoliciones mientras se evalúan las condiciones de las viviendas y los derechos de los propietarios.
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