Tras años de retrasos y promesas incumplidas, el Ministerio de Salud y el Ocad Paz oficializaron el cierre financiero del Hospital María Inmaculada de Rioblanco, Tolima, con una inversión superior a los $25.000 millones, garantizando su ejecución entre 2025 y 2027.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y el Ocad Paz, garantizó el cierre financiero del Hospital María Inmaculada de Rioblanco con una inversión superior a los $25.000 millones, poniendo fin a una larga historia de parálisis administrativa y llevando el proyecto a su fase definitiva de ejecución.
Después de más de una década de retrasos, frustraciones y anuncios inconclusos, el municipio de Rioblanco, en el sur del Tolima, comienza a ver materializado uno de sus reclamos históricos más sensibles: la construcción de su hospital. El Gobierno Nacional oficializó la asignación de recursos para el Hospital María Inmaculada, destrabando un proyecto que durante años permaneció paralizado y que se convirtió en símbolo de abandono estatal para la región.
La reactivación fue posible gracias a la intervención directa del Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien asumió la tarea de rescatar una iniciativa considerada fallida tras los intentos infructuosos de administraciones anteriores. Con esta decisión, el proyecto dejó de ser una promesa política y pasó a contar con respaldo técnico, jurídico y financiero real, devolviendo la esperanza a miles de habitantes que carecen de una atención hospitalaria adecuada.
El soporte legal y presupuestal quedó consignado en la Resolución 002732 de 2025, mediante la cual se estableció un esquema de inversión claro y escalonado. La inversión total asciende a más de $25.000 millones, garantizando por primera vez el cierre financiero completo del hospital. El modelo de ejecución contempla recursos asegurados para las vigencias de 2025, 2026 y 2027, con el fin de evitar nuevas suspensiones por falta de presupuesto.
De ese total, el Ministerio de Salud aportará $11.464.434.489, recursos que se ejecutarán progresivamente: $2.292.886.898 en 2025, $5.732.217.244 en 2026 y $3.439.330.347 en 2027. Esta distribución busca asegurar la continuidad de la obra y permitir un seguimiento riguroso del avance físico y financiero del proyecto, bajo la supervisión directa del Gobierno Nacional.
La contrapartida restante, cercana a los $13.535 millones, proviene de los recursos del Ocad Paz, destinados a fortalecer territorios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Rioblanco fue incluido por su histórica afectación por el conflicto armado y la precariedad en servicios esenciales. La articulación entre el Ministerio de Salud y los fondos de regalías de paz fue determinante para completar el presupuesto total.
En su momento, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó el trabajo conjunto entre la Nación y el departamento, resaltando el acompañamiento técnico permanente que permitió superar los obstáculos administrativos que durante años frenaron el proyecto. La mandataria reconoció públicamente el liderazgo del Ministerio de Salud y subrayó que la coordinación interinstitucional fue clave para que el hospital dejara de ser un “elefante blanco” y avanzara hacia su ejecución real.
No obstante, el anuncio de la reactivación también desató una controversia política en el marco del ambiente preelectoral. Sectores políticos comenzaron a disputarse la autoría del proyecto. La candidata a la Cámara Carolina Hurtado cuestionó la demora histórica de la obra, mientras que la representante Delcy Isaza defendió su papel en el trámite legislativo de los recursos. Desde sectores cercanos al Gobierno Nacional se recordó que la reactivación quedó formalizada mediante un acto administrativo del Ministerio de Salud, como entidad responsable directa del proyecto.
Más allá de la disputa política, lo cierto es que los principales beneficiados serán los habitantes de Rioblanco. Con los recursos asegurados y un cronograma definido, el Hospital María Inmaculada empieza a convertirse en una realidad tangible. La vigilancia institucional y ciudadana será clave para que el proyecto avance sin nuevos retrasos. Tras años de espera, Rioblanco comienza a saldar una deuda histórica en materia de salud pública y dignidad social.
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