La exposición, titulada “Perfiles digitales para contratar en Colombia”, destaca cómo el alcalde, junto con otros líderes, presuntamente contrataron los servicios del estratega publicitario Luis David Duque. Se dice que Duque, asesorado por el controvertido consultor venezolano JJ Rendón, se especializa en orquestar campañas negativas contra los críticos en las redes sociales, al mismo tiempo que eleva estratégicamente la imagen pública de estos funcionarios.
En un caso notable que se detalla en el informe, el alcalde Andrés Hurtado está acusado de intentar inflar sus índices de aprobación en línea a un asombroso 70 % durante su primer año en el cargo. Se alega que este ambicioso esfuerzo fue impulsado por una asignación sustancial de fondos públicos para financiar estas tácticas.
Una estrategia polémica descrita en el informe es el establecimiento de un “Centro de contacto”, destinado a modernizar los canales de comunicación entre el municipio y sus ciudadanos. El proyecto tenía como objetivo recopilar una gran cantidad de datos personales de los denunciantes, incluidas direcciones, ocupaciones e incluso perfiles de redes sociales, aparentemente para fomentar interacciones directas con los ciudadanos y cultivar una personalidad identificable para el alcalde.
Si bien es posible que el plan del centro de contacto no se haya implementado, una propuesta paralela en Ibagué plantea preocupaciones sobre posibles violaciones de la privacidad. Esta propuesta buscaba recopilar datos de varias fuentes, incluidos los beneficiarios de programas sociales, contratistas, visitantes y funcionarios, para permitir esfuerzos de comunicación específicos destinados a influir en la percepción pública.
El informe destaca además la colaboración con medios de comunicación y personas etiquetadas como críticos del gobierno, lo que sugiere un esfuerzo concertado para desacreditar las voces disidentes incluyendo A esta redacción; LAOTRAVERDAD.CO. La supuesta asociación con plataformas establecidas subraya la profundidad de estos esfuerzos.
Estas acusaciones han provocado una tormenta de debate en torno a la conducta ética, el uso responsable de los fondos públicos y las preocupaciones sobre la privacidad. A medida que las acusaciones continúan reverberando, existe un llamado cada vez mayor a la transparencia y la rendición de cuentas, y se intensifica la presión para que se investiguen estas afirmaciones para determinar su veracidad y las posibles implicaciones legales.
