El incremento de servicios públicos y el polémico cobro del impuesto predial desatan indignación en Ibagué, mientras crecen los cuestionamientos por la falta de control político del Concejo Municipal.
Ibagué, la «Ciudad Musical» de Colombia, vive hoy una melodía desafinada, un clamor ciudadano que se alza contra una doble afrenta económica. Por un lado, el incremento desmedido en las facturas de servicios públicos domiciliarios. Por el otro, un cobro de impuesto predial que, tras una opaca actualización catastral, raya en el abuso. Ante este escenario, la indignación crece, no solo por la carga financiera que asfixia a los hogares ibaguereños, sino por la inexplicable posición casi cantinflesca del Concejo Municipal y su actual presidente, cuya pasividad frente a esta crisis es, cuando menos, preocupante, y los convierte en cómplices pasivos de una situación insostenible.
El Nudo de la Soga: Servicios Públicos, un Lujo Inaccesible a Contracorriente del IPC
Los hogares ibaguereños se enfrentan a facturas de servicios públicos que han escalado a niveles insostenibles. Lo más alarmante es que estos incrementos desbordados se han generado en los últimos tres meses, a contravía del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para enero de 2026, el IPC anual nacional fue del 5.35% (DANE, comunicado de prensa, febrero 2026), y las proyecciones indican que la inflación en Colombia para finales de 2026 superará el 6% (Ainvest, marzo 2026). Sin embargo, los incrementos en Ibagué han superado con creces estas cifras.
El caso del gas natural es flagrante. Según reportes periodísticos (CambioIn, septiembre de 2025, Ondas de Ibagué, octubre de 2025), en Ibagué el servicio de gas ha llegado a subir más del cien por ciento en algunos barrios, afectando principalmente a los estratos 1 y 2. La empresa Alcanos de Colombia ha justificado estos aumentos refiriéndose a la Circular 048 de 2020 de la CREG, que permitió el congelamiento de tarifas durante la pandemia y una posterior recuperación de saldos en plazos de 36 a 60 meses. Esta recuperación, según Alcanos, se extendería hasta diciembre de 2025, habiendo sido septiembre el mes de mayor impacto.
Es decir, una decisión regulatoria de hace cuatro años, tomada en un contexto de emergencia, se convierte hoy en una pesada carga para los consumidores, quienes están asumiendo el costo de una política de «rescate» que no fue socializada adecuadamente. ¿Es ético y justo que los ciudadanos de Ibagué, muchos aún recuperándose económicamente de la pandemia, sean quienes paguen la factura de estas decisiones, con incrementos que duplican el costo de vida y superan con creces cualquier referente inflacionario actual?
La Energía y el Aseo: Un Cobro que Electriza la Indignación y Genera Sospechas
El servicio de energía eléctrica también ha sido objeto de constantes incrementos que ignoran la realidad económica de miles de familias y la lógica del IPC. La factura, además, se convierte en un compendio de cobros, donde el componente del aseo brilla por su desproporción. Habitantes de barrios como Nueva Castilla, en estrato uno, han denunciado que la factura de Interaseo les llega por cerca de $190.000, mientras que el gas, por ejemplo, les costaba $60.000 (El Olfato, julio de 2025). Esto evidencia un cobro del aseo totalmente desmedido, que se ha convertido en una carga adicional insoportable. ¿Bajo qué criterios se valida que el aseo, un servicio esencial, se convierta en una carga tan onerosa, sumada a la ya pesada factura eléctrica, con incrementos tan dramáticos que contrastan con un IPC que se esfuerza por mantenerse a raya? La opacidad en estos cálculos es un caldo de cultivo para la desconfianza y la sospecha de que este componente se usa para compensar otras ineficiencias o como una fuente de recaudo fácil.
Oficinas Desbordadas, Ciudadanos Agobiados: La Crisis de Atención
El resultado de esta espiral de cobros desproporcionados es una crisis humanitaria en las oficinas comerciales de las empresas prestadoras de servicios públicos. Estas se encuentran totalmente desbordadas y saturadas de ciudadanos que, con facturas en mano y el rostro de la angustia, buscan explicaciones que rara vez llegan o soluciones que no satisfacen. La acumulación de quejas, los tiempos de espera inhumanos y la burocracia de las respuestas son la constante. La situación es crítica: un servicio que debería ser para el bienestar, se ha transformado en un generador de estrés, endeudamiento y una profunda frustración para miles de hogares que sienten que su voz no es escuchada.
La Puntilla: El Predial, un Impuesto sin Equidad y un Software Cuestionable
A este panorama desolador se suma la polémica actualización catastral. Si bien era un proceso necesario tras más de una década sin realizarse, su implementación ha sido un despropósito. Las denuncias de avalúos desproporcionados, que no tuvieron en cuenta las características reales de cada zona de la ciudad ni las particularidades de cada inmueble, son la constante.
La preocupación se agrava al conocerse que para esta actualización se utilizó un software que arrastraba cuestionamientos sobre su funcionamiento y la idoneidad de sus algoritmos. Aunque no se ha especificado el nombre del software para Ibagué, es de conocimiento público que procesos de actualización catastral en otras ciudades como Bucaramanga, que también implementaron actualizaciones en 2024, han generado incrementos de más del 40%, e incluso hasta el 90% en algunos casos, y han sido objeto de demandas y cuestionamientos por la forma en que se realizaron los ajustes (Vanguardia, enero de 2024). En Ibagué, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIbagué) reporta movimientos financieros significativos, incluyendo un aumento del 64.33% en «prestación de servicios públicos» en sus cuentas por cobrar para marzo de 2025 comparado con 2024, lo que podría reflejar parte de esta nueva dinámica de cobros (INFIbagué, Informe Financiero Marzo 2025).
¿Cómo es posible que una decisión que impacta tan profundamente el patrimonio de los ibaguereños se base en herramientas cuya fiabilidad ha sido puesta en duda o que generan resultados tan inequitativos? La falta de transparencia en la elección y validación de esta tecnología, sumada a la ausencia de un debate público robusto, contribuye a la ilegitimidad de muchos de los cobros actuales.
El Silencio Cómplice del Concejo: ¿Control Político o Abandono de Deberes?
Y en medio de este caos económico que sufren los ciudadanos, ¿dónde está el Concejo de Ibagué? La respuesta, lamentablemente, es: en un preocupante silencio que raya en la complicidad. La función del Concejo no es solo aprobar, sino también ejercer control político, fiscalizar la administración y velar por los intereses de la ciudadanía.
Es inadmisible que ante un incremento tan evidente y generalizado en las tarifas de servicios públicos, no se haya convocado un debate de control político serio y profundo a las empresas prestadoras. Aunque la gerente de Alcanos, por ejemplo, fue citada a un debate de control en el Concejo Municipal de Ibagué en octubre de 2025 para explicar el incremento del gas (Ondas de Ibagué), la percepción es que estos debates no han derivado en acciones contundentes o soluciones estructurales para los ciudadanos. ¿Qué argumentos tienen estas empresas para justificar los aumentos? ¿Se han analizado sus estructuras de costos, sus ganancias, su eficiencia? La ciudadanía espera respuestas y acciones contundentes, no la pasividad que solo beneficia a las empresas y perjudica a la gente.
De igual forma, la actualización catastral, con todos los cuestionamientos que la rodean, debería haber sido objeto de un riguroso debate de control. La empresa que realizó este proceso, y el software utilizado, merecen una exhaustiva revisión pública por parte de los cabildantes. Que esto no haya ocurrido de manera transparente y contundente, genera una sombra de duda sobre la independencia y el compromiso del Concejo con los intereses de la ciudadanía.
La figura del presidente del Concejo tiene la responsabilidad ineludible de liderar y garantizar que estos debates se den, que las voces ciudadanas sean escuchadas y que se exijan responsabilidades. Su inacción y la aparente falta de un control político efectivo se perciben como una abdicación de sus deberes y una traición a la confianza de quienes los eligieron, lo que agrava la crisis de representatividad.
La Conjura del Desconcierto: Es Hora de Despertar Ibagué
La combinación de servicios públicos exorbitantes, con incrementos muy por encima del IPC, un predial injusto basado en procesos dudosos y la inacción y el silencio del Concejo, dibuja un panorama sombrío y desesperanzador para Ibagué. No es posible seguir asfixiando a los ciudadanos. Es urgente que las autoridades municipales y los cabildantes de Ibagué, en particular el presidente del Concejo, asuman con seriedad sus responsabilidades y demuestren su compromiso con el bienestar de la ciudad:
– Exigir a las empresas prestadoras de servicios públicos una revisión inmediata y transparente de las estructuras tarifarias, especialmente en energía y aseo, buscando soluciones que alivien la carga económica de los ciudadanos, y realizar un control político efectivo con resultados tangibles, alineando los incrementos con la realidad económica del país y el comportamiento del IPC.
– Investigar a fondo el proceso de actualización catastral, incluyendo la idoneidad del software utilizado y la empresa contratada, y exigir las correcciones necesarias para garantizar la equidad y la justicia en el cobro del predial, abriendo espacios reales para las reclamaciones y su solución.
– Implementar mecanismos de protección reales para el ciudadano, como tarifas diferenciales o subsidios efectivos, que alivien la carga económica y garanticen el acceso a servicios básicos.
– Transformar los canales de comunicación y atención para que sean eficientes, brinden soluciones reales a los reclamos y dejen de ser un laberinto burocrático para los ciudadanos.
Ibagué no puede ser un ejemplo de cómo la ineficiencia, la opacidad y la pasividad institucional impactan negativamente la vida de sus habitantes. Es tiempo de que la «Ciudad Musical» recupere no solo su armonía, sino también la confianza en sus instituciones y en un futuro más justo para todos. La ciudadanía exige acción, control y respeto. Es hora de que el Concejo de Ibagué despierte y cumpla su verdadero rol.
Por: POLO - Abogado
