Por: Edwin Soto Castro, Comunicador Social - Periodista, Especialista en Comunicación Digital.
Mientras la Alcaldía, la Gobernación y la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) presumen de apoyar el ecosistema empresarial, en la práctica bloquean el crecimiento de las empresas locales con trabas normativas y falta de conciliación. El caso de Murelli, al que se le negó la construcción de una nueva planta, evidencia la crisis de una ciudad que sigue siendo un buen vividero para políticos, pero no para emprendedores. Aquí se dejó de crear 150 nuevos empleados directos con todo lo de ley; lo que implicaba pagar una nómina de un aproximado de 370 millones de pesos.
Ibagué sigue sumida en un círculo vicioso donde el desarrollo empresarial es solo un discurso repetido en eventos, fotos y reuniones con dirigentes, pero sin materialización en la realidad. La reciente negativa a la empresa Murelli para la construcción de una nueva planta de producción es solo un ejemplo de cómo las autoridades locales sofocan el progreso, siendo aún en los últimos 30 años una de las ciudades con las tasas más altas de desempleo general y juvenil a nivel nacional.
Jairo Acosta, gerente de Murelli, expresó con indignación su frustración: “Me da asco tener que demandar a mi ciudad porque no me permite crecer, no me permite generar empleo, no me permite generar progreso”. Sus palabras reflejan la desesperanza de muchos empresarios que ven cómo sus proyectos son bloqueados por la intransigencia de la Administración Municipal no solo de la actual, también de pasadas administraciones de turno que son buenos cobrando los impuestos pero poco de inversiones estratégicas, para proyectar una ciudad que ve pasar por la vía nacional (variante) el 75% de cargar de bienes que ingresan al país por el puerto de Buenaventura.
La Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio han convertido a la ciudad en un territorio donde el desarrollo industrial es casi una utopía, los pocos que existen solo están por complacencia o aliados al poder político regional; la Ibagué industrial de hace 30 años es poco existente en competir fuerte con otras regiones de Colombia. Mientras otras regiones del país como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla o para no ser odiosos, Manizales, Barrancabermeja, Cucuta, Pereira, entre otras, mejoraron sus POT, para ampliar zonas industriales o zonas francas, avanzando con incentivos a la inversión y la modernización, en Ibagué las empresas se enfrentan a un aparato estatal que les impide crecer y priorizan una industria inmobiliaria que construye apartamentos asabiendas que no hay aún el acueducto complementario ni su cuota mínima de agua.
En el caso de Murelli, se argumentó que su proyecto iba en contra del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), documento que solo permitirá cambios después de 2027. Sin embargo, la falta de voluntad política para hallar soluciones es evidente. Si existiera un verdadero compromiso con la generación de empleo, se buscarían mecanismos para permitir la expansión de la industria sin necesidad de afectar la norma.
La negativa a la empresa no solo es un golpe para el sector productivo, sino que también afecta el empleo en áreas técnicas y tecnológicas. Con cada industria que se va de la ciudad o deja de expandirse, se pierden oportunidades laborales para jóvenes y profesionales que terminan emigrando a otras regiones en busca de mejores oportunidades.
Pero más allá de este caso puntual, lo que queda claro es que Ibagué sigue atrapada en una red de intereses políticos donde quienes manejan el poder no tienen una visión de ciudad. La Cámara de Comercio, en lugar de ser un ente dinamizador del crecimiento empresarial, se ha convertido en un escenario de disputas políticas y de apoyo a los mandatarios de turno, local y departamental.
No es coincidencia que, a pesar de los planes de desarrollo local y departamental, Ibagué siga siendo vista como un “buen vividero” más que como una ciudad con un modelo económico sostenible. La carga impositiva tributaria y de impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas es asfixiante, y las trabas burocráticas desmotivan cualquier intento de emprendimiento de gran escala.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo Ibagué seguirá siendo una ciudad de restaurantes y cafeterías, sin un verdadero impulso al desarrollo industrial y tecnológico? Mientras otras regiones avanzan en la diversificación de su economía, aquí se sigue apostando por un modelo de ciudad que no genera valor agregado ni estabilidad laboral en muchas sectores de la economía.
Es urgente que las autoridades comprendan que sin industria no hay empleo, y sin empleo no hay desarrollo ni calidad vida. Si la prioridad sigue siendo mantener el poder político y beneficiar a unos pocos en la contratación pública como unicas formas de hacer empresa, el futuro de la ciudad estará condenado al estancamiento.
Los empresarios locales han demostrado su voluntad de invertir y expandirse, pero el Estado burocrático les responde con indiferencia y obstáculos. Es hora de que la Alcaldía, la Gobernación y la CCI dejen de ser cómplices del subdesarrollo y empiecen a trabajar realmente por el progreso de Ibagué y el Tolima.
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