La Fiscalía pidió imputar cargos de cohecho, peculado y lavado de activos contra Carlos Ramón González, exdirector de la DAPRE y exjefe de Inteligencia, señalado de ordenar millonarias coimas a congresistas para favorecer proyectos del gobierno Petro.
Carlos Ramón González Merchán, hasta hace poco el funcionario de mayor rango implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue notificado por la Fiscalía de la solicitud de imputación de cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, junto con la petición de medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá, en una investigación que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro.
Según el exdirector de la UNGRD Olmedo López, González, como cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), convocó en la Casa de Nariño una reunión secreta con varios ministros donde “se acordó distribuir contratos y coimas” a congresistas que garantizaran el trámite de las iniciativas gubernamentales; habría ordenado 60.000 millones de pesos para Iván Name y 10.000 millones para Andrés Calle, modificando luego los montos a 3.000 y 1.000 millones respectivamente.
Los testimonios de López y del exsubdirector Sneyder Pinilla, sumados a chats, datos de geolocalización y anotaciones en agendas, apuntan a que González dirigió personalmente la entrega de esos recursos a través de intermediarios como Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones por la Alianza Verde, quien renunció tras quedar en el foco de la investigación.
Primo del expresidente Álvaro Uribe y figura clave en la Alianza Verde, González pasó de maniobrar en la sombra del partido a asumir un papel público de altísimo perfil cuando en abril de 2024 fue nombrado director de la DAPRE, controlando un presupuesto anual cercano a los 6 billones de pesos y ejerciendo influencia directa en nombramientos ministeriales y apoyos legislativos.
Su posterior nombramiento al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reafirmó la confianza presidencial, ya que esa entidad, equivalente a la CIA en EE. UU., gestiona información estratégica para la seguridad nacional y la contrainteligencia en la esfera de Presidencia, reforzando el poder de González dentro del Ejecutivo.
El escándalo de la UNGRD, sin embargo, retrató a un Carlos Ramón acostumbrado a operar tras bambalinas: fue él quien, según las denuncias, articuló el “cónclave” de ministros y directores regionales que generó el esquema de reparto de contratos, y quien monitoreaba en Palacio el “computador de votos” para asegurar la aprobación de proyectos clave.
Además del caso UNGRD, el historial de González incluye una condena en 2004 por falsedad en documento privado, derivada de contratos irregulares con una corporación de desmovilizados del M-19 que financiaron su campaña en Bucaramanga; aunque recibió una sanción leve, el episodio marcó tempranamente su carrera política.
La influencia de González se extendió al Sena, donde su esposa, Luz Danna Leal, ocupó un cargo directivo que le permitió articular maquinaria electoral en Santander; denuncias de injerencia burocrática y favores políticos criticaron entonces la cercanía entre funciones públicas y estrategias partidistas.
A través de la financiera familiar Dansgold S.A.S., González y su esposa prestaron más de 4.000 millones al Partido Verde en 2022, reforzando el vínculo financiero del partido con su núcleo dirigente y planteando interrogantes sobre la mezcla de recursos públicos y privados en campañas políticas. La operación de corporaciones como Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia, vinculadas a su círculo, reflejó un modelo de contratación pública que compartía sedes, contadores y revisores fiscales con empresas de González, configurando un entramado empresarial-político que ha sido objeto de escrutinio en esta investigación.
Con González fuera del país y pendiente de imputación, el golpe al gobierno Petro es mayúsculo: su mano derecha en la Casa de Nariño y principal gestor de alianzas legislativas ahora enfrenta acusaciones graves que podrían revelar nuevas ramificaciones del caso, mientras la Alianza Verde busca distanciarse del escándalo. El desenlace judicial determinará si González responde por su presunta participación en la repartición de coimas y contratos, y condicionará la credibilidad del Ejecutivo en su promesa de lucha contra la corrupción, dejando al descubierto los riesgos de las tramas de poder detrás de la política oficial.
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