El Ministerio Público abrió tres indagaciones preliminares por posibles inconsistencias en la administración de viáticos, comisiones y contratos de la Personería Municipal de Ibagué durante el año 2024. Las pesquisas buscan establecer si hubo responsabilidades disciplinarias.
La Procuraduría General de la Nación inició tres indagaciones previas contra funcionarios por determinar, ante la posible existencia de irregularidades en el manejo de recursos públicos en la Personería Municipal de Ibagué, Tolima. Las actuaciones se relacionan con la administración de viáticos, comisiones oficiales y contratos celebrados durante el año 2024.
De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones fueron asumidas por la Procuraduría Provincial de Ibagué, que decretó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos denunciados. El objetivo es establecer si hubo conductas que vulneren los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad administrativa en el uso de los fondos públicos.
El primer proceso hace referencia a una auditoría financiera en la asignación de viáticos. Según la información preliminar, se habrían presentado anticipos superiores a los gastos efectivamente soportados, además de la presunta omisión en la presentación de informes ejecutivos que acrediten las actividades realizadas durante las comisiones oficiales.
Asimismo, la investigación contempla la falta de reintegro de excedentes económicos y la ausencia de documentos que garanticen la transparencia en la utilización de los recursos. Estas irregularidades habrían sido señaladas inicialmente por la Contraloría Municipal de Ibagué, que reportó deficiencias en la justificación y trazabilidad de los gastos.
En el segundo caso, el ente de control revisa las posibles inconsistencias en la presentación de informes sobre las comisiones oficiales realizadas por los servidores de la Personería. Se presume que algunos desplazamientos no contaron con soportes claros ni reportes detallados sobre las gestiones ejecutadas, lo cual dificulta la verificación del uso adecuado de los fondos.
El tercer proceso disciplinario se centra en la planeación y ejecución de dos contratos para programas de bienestar social y promoción institucional. Según la Procuraduría, estos contratos, cuyo valor supera los $225 millones, se habrían adjudicado mediante la modalidad de contratación directa, pese a que esta no correspondería al tipo de servicio contratado.
Además, los contratos investigados no contarían con los estudios técnicos necesarios que justifiquen su ejecución, lo que genera dudas sobre la correcta planeación de los proyectos. La entidad indicó que estos procedimientos buscan esclarecer si hubo omisiones o decisiones que comprometieran la gestión fiscal de la Personería Municipal.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos y la garantía de la responsabilidad administrativa. La entidad recordó que las actuaciones se desarrollan con estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados.
