El abogado Augusto Ocampo cuestionó la divulgación de imágenes privadas relacionadas con Deisy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. Mientras advierte sobre los límites constitucionales del derecho a la intimidad, el exmandatario rechazó los señalamientos y aseguró que responderá ante las autoridades judiciales.
La circulación de un video que muestra momentos privados entre Deisy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro abrió una discusión sobre los límites del derecho a la intimidad, la propia imagen y el uso de material audiovisual en medio de controversias políticas y judiciales.
El abogado Augusto Ocampo se pronunció sobre el caso y recordó que el artículo 15 de la Constitución Política protege la intimidad personal y familiar, así como el derecho al buen nombre. Según su interpretación, aceptar un encuentro privado no significa autorizar su grabación ni permitir que las imágenes sean divulgadas públicamente.
Ocampo también cuestionó que el contenido del video sea presentado como una prueba automática de posibles irregularidades relacionadas con tráfico de influencias o contratación estatal. Sostuvo que ese tipo de conductas exige elementos jurídicos y probatorios que deben ser examinados por las autoridades competentes.
El jurista planteó que las denuncias deben investigarse por los canales institucionales, pero advirtió que la búsqueda de justicia no puede convertirse en una justificación para desconocer los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Por su parte, Gustavo Petro rompió el silencio mediante un pronunciamiento público en el que afirmó que ha enfrentado durante años señalamientos y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. También cuestionó los juicios que, según expresó, se adelantan en redes sociales antes de que exista una valoración de los tribunales.
“Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”, manifestó el exmandatario, quien rechazó las acusaciones relacionadas con posibles beneficios derivados de contratos estatales y defendió la trayectoria de las mujeres que trabajaron durante su administración.
Petro aseguró que nunca utilizó contratos del Estado para obtener favores y pidió que no se afecte el nombre de quienes hicieron parte de su gobierno. Además, sostuvo que el material que circula no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, y señaló que desconoce su procedencia y lo que realmente demuestra.
El expresidente también afirmó que respetará la reserva ordenada por un magistrado y que responderá dentro del expediente judicial, en lugar de hacerlo mediante videos o declaraciones públicas. Así, el caso mantiene abierto el debate sobre la protección de la intimidad, la divulgación de material privado y la necesidad de que cualquier señalamiento sea establecido mediante pruebas y procedimientos judiciales.
