El contrato fue adjudicado a un ingeniero sin cumplir requisitos y ahora busca declararse en quiebra.
El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué se encuentra en el centro de la polémica tras la adjudicación irregular de una licitación a un ingeniero que quedó en quinto lugar en la lista de elegibilidad. A pesar de no cumplir con los requisitos iniciales, el contrato le fue otorgado, dejando de lado a cuatro oferentes con mejores condiciones. Ahora, el contratista ha iniciado trámites para declararse en quiebra, generando incertidumbre sobre el futuro de la obra.
El ingeniero Juan Carlos Ramírez Ospina, señalado como cercano al Clan Hurtado, se quedó con la licitación de obra pública No. SETP-LOP-172-2024, que contempla el suministro e instalación de paraderos y mejoras en andenes en la ciudad. El contrato, cuyo valor supera los 8.000 millones de pesos, fue asignado en medio de cuestionamientos.
El comité evaluador, con respaldo del gerente de la entidad, Aquileo Medina, tomó la decisión de adjudicar el contrato al ingeniero, a pesar de que había quedado en quinto lugar. Esta acción dejó a los demás proponentes en desventaja y desató una serie de acciones legales contra el SETP por presuntas irregularidades en el proceso.
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Según la investigación, los cuatro oferentes que fueron descartados cumplieron con todos los parámetros exigidos en los pliegos de condiciones. Sin embargo, el comité justificó la exclusión argumentando que sus precios eran demasiado bajos, lo que habría permitido que Ramírez Ospina, quien estaba en una posición inferior, resultara beneficiado.
Además de esta polémica, se reveló que Ramírez Ospina es el mismo contratista que ejecutó uno de los tramos de la vía Ibagué-Rovira, donde la obra no cumplió con los estándares de calidad establecidos. A pesar de las deficiencias, la interventoría avaló el proyecto, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en la supervisión del contrato.
Los afectados han decidido emprender acciones legales contra el SETP, señalando que la licitación fue adjudicada de manera irregular. La denuncia se centra en la falta de transparencia y en la posible intervención de influencias políticas para favorecer al contratista vinculado al Clan Hurtado.
Otro elemento que agrava la situación es que Ramírez Ospina se encuentra en proceso de acogerse a la Ley de Insolvencia Económica, lo que significa que podría declararse en quiebra en los próximos meses. Esta maniobra ha despertado preocupaciones sobre el destino de los recursos públicos invertidos en la obra y si esta podrá ejecutarse conforme a lo pactado.
Las irregularidades en esta licitación han puesto en entredicho la gestión del SETP y de la administración municipal. Se espera que las investigaciones avancen y se determinen las responsabilidades correspondientes, mientras la ciudadanía exige mayor transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
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