El senador Iván Cepeda alertó sobre las políticas de seguridad del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, denunciando la creación de ejércitos privados urbanos y la privatización carcelaria, medidas que, según el parlamentario, vulneran la Constitución y buscan instaurar un modelo autoritario de corte paramilitar que amenaza gravemente los derechos humanos y el orden democrático del país.
El senador Iván Cepeda denunció que el inicio de la administración de Abelardo De La Espriella marca el comienzo de un presunto gobierno paramilitar. A través de un pronunciamiento oficial, el líder opositor señaló que el nuevo mandato busca entregar el monopolio de las armas a civiles, vulnerando de forma categórica la Constitución y reviviendo una oscura época de criminalidad estatal que el país ha luchado por superar.
El eje central de esta grave alerta recae sobre la intención gubernamental de crear “bloques de búsqueda urbanos” y “primeras líneas de seguridad”. Estas estructuras, según detalló el legislador, estarían conformadas por veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares, una medida que el congresista cuestionó fuertemente al advertir sobre la inconstitucionalidad de delegar el uso de la fuerza pública en manos de particulares armados.
Cepeda sentenció que estas personas no son servidores públicos ni pertenecen a la fuerza pública en ejercicio, por lo que no pueden asumir tareas de mantenimiento del orden. Al respecto, el senador afirmó que delegar estas funciones esenciales en manos de particulares constituye una ruptura directa de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, poniendo en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.
El segundo punto de la denuncia aborda la privatización del sistema penitenciario bajo el programa ‘Colombia Patria Milagro’. El congresista detalló que el Ejecutivo planea construir diez “mega cárceles aisladas y privadas”, financiadas mediante concesiones. Este modelo implica la eliminación del Inpec para crear un nuevo cuerpo carcelario privado que, nuevamente, estaría integrado por reservistas, profundizando la preocupación sobre el control estatal.
Para el senador, la experiencia histórica colombiana demuestra que auspiciar estructuras paralelas jamás garantiza el orden territorial. Por el contrario, Cepeda argumentó que el resultado histórico del paramilitarismo no ha sido tener más seguridad, sino una espiral de mayor violencia, arbitrariedad e impunidad, advirtiendo que este nuevo modelo podría repetir los errores del pasado más violento del país.
El congresista conectó estas decisiones con el historial de De La Espriella, a quien denunció penalmente por presunta financiación de grupos ilegales. Cepeda aseveró que estos proyectos provienen de alguien que, durante el auge de las AUC, expresaba aspiraciones paramilitares, calificando esta estrategia como un plan de «enriquecimiento privado sin límites» diseñado para imponer un extractivismo desenfrenado mediante el terror.
El senador fue tajante al señalar que su advertencia no es un calificativo apresurado, sino un análisis sopesado de políticas que imitan a regímenes autoritarios de extrema derecha. Según el legislador, este proyecto busca reprimir a la oposición y judicializarla con falsas pruebas, consolidando un ejercicio del poder basado en la violación sistemática de los derechos humanos y el desprecio por la legalidad vigente.
Finalmente, tras recordar que el artículo 22A de la Constitución prohíbe financiar civiles armados, Cepeda oficializó un llamado a la “desobediencia civil de carácter pacífico”. El discurso concluyó exigiendo una intervención perentoria de la Defensoría del Pueblo, la CIDH y la ONU, reiterando que nuestra Constitución no es solo un texto jurídico, sino un pacto ético construido sobre el absoluto respeto de la vida.
