El escándalo Pegasus ha llegado a Colombia y tiene al expresidente Iván Duque en el ojo del huracán. Según un comunicado reciente de NSO Group, propietaria del software de espionaje, en septiembre de 2021 se cerró un acuerdo de compra con el gobierno colombiano. Esta declaración respalda, en parte, las acusaciones del actual presidente Gustavo Petro, quien afirma tener pruebas de que el software fue adquirido para espiar a la oposición durante el mandato de Duque.
La compra del software, presuntamente realizada por 11 millones de dólares que habrían sido trasladados en dos aviones, se ha convertido en un foco de investigaciones. La Fiscalía ha comenzado a interrogar a exfuncionarios del gobierno de Duque, entre ellos Jairo García Guerrero, exviceministro de Defensa; Víctor Muñoz, exdirector del DAPRE; y los generales Carlos Iván Moreno y Juan Diego Sepúlveda, para esclarecer su participación en los hechos.
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Alejandro Chalá, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, advirtió sobre las posibles implicaciones legales que este caso podría tener para Duque. Chalá explicó que, de no justificarse el origen de los 11 millones de dólares, el expresidente podría enfrentar cargos por lavado de activos, dado que podría interpretarse que esos fondos provinieron de actividades ilícitas.
Además, el uso de Pegasus plantea un problema ético y legal en cuanto a la violación de la privacidad. Este software, que ha sido prohibido en varios países, entre ellos Estados Unidos, tiene la capacidad de intervenir dispositivos móviles. Petro ha señalado la gravedad de las “chuzadas” y sugiere que, de comprobarse, el gobierno de Duque violaría el derecho a la privacidad de múltiples figuras de la oposición.
Otra posible consecuencia sería la acusación de peculado, en caso de demostrarse que fondos públicos fueron utilizados para la compra del software. Además, Duque podría enfrentar cargos por abuso de autoridad, al presuntamente haber usado su cargo para espiar a opositores, y por concierto para delinquir, pues otros funcionarios habrían colaborado en estas prácticas de espionaje.
Hasta el momento, Iván Duque ha guardado silencio en sus redes sociales, una estrategia que ha sorprendido a sus seguidores, acostumbrados a sus constantes declaraciones. Según Chalá, si las investigaciones avanzan, el caso podría llegar a la Corte Suprema, donde fiscales delegados llevarían el proceso contra el expresidente, dejando abierto un capítulo crucial en la política colombiana.
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