Durante un debate de control político en el Senado, el senador Antonio José Correa, del partido de la U, denunció que más de $100 billones destinados a atender la emergencia por la pandemia de Covid-19 habrían sido desviados en contratos irregulares durante el gobierno de Iván Duque. Según Correa, estos fondos fueron utilizados en lo que él calificó como un “festín de contratación” con empresas no relacionadas con el sector salud.
El parlamentario expuso que, durante la crisis sanitaria, se firmaron contratos con compañías que se dedicaban a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, desviando recursos que debían ser empleados en la atención de la emergencia. Entre las irregularidades mencionadas, Correa denunció la compra de batas médicas a una empresa de reparación de vehículos y la importación de millones de tapabocas desde China, cuando se podría haber apoyado a la industria nanacional.
El senador destacó que, gracias a la gestión del nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se ha podido acceder a información que anteriormente estaba restringida. Correa cuestionó la falta de transparencia en la entidad durante el gobierno anterior y sugirió que algunos funcionarios habrían tratado de ocultar datos clave.
Ante estas denuncias, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación exhaustiva sobre las actuaciones de la UNGRD desde su creación. Petro afirmó que esta entidad fue utilizada como “un instrumento para el robo de recursos públicos por billones”, aprovechando su capacidad de contratación directa durante emergencias.
En respuesta, el expresidente Iván Duque y varios de sus exfuncionarios han rechazado las acusaciones. Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que durante la pandemia se gastaron $44 billones, de los cuales solo $9 billones fueron gestionados por la UNGRD, y calificó de “absurdas” las acusaciones sobre un desfalco de $100 billones.
Duque también defendió su administración a través de redes sociales, señalando que “la evidencia derrotará las mentiras” y que las denuncias forman parte de una campaña de desinformación promovida por algunos sectores políticos. Otros exfuncionarios del gobierno de Duque también han salido en su defensa.
La investigación ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si hubo irregularidades en la contratación y gestión de los recursos destinados a enfrentar la pandemia. Este debate ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, mientras se espera que se esclarezcan los hechos.
El caso se ha convertido en un tema central en el Congreso, donde varios legisladores han expresado su preocupación por la magnitud del presunto desfalco y la necesidad de una respuesta rápida y contundente por parte de las autoridades judiciales.
