El abogado penalista John Triana Rodríguez asegura que su cliente asistió con diligencia a la audiencia del 9 de junio, pero señala graves omisiones por parte del centro de conciliación y rechaza afirmaciones falsas sobre propuestas económicas. También advierte sobre el uso político del caso en perjuicio del derecho al debido proceso.
La defensa del joven Steven Núñez, involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la carrera 5 con calle 37 de Ibagué, se pronunció públicamente tras la fallida audiencia de conciliación celebrada el pasado 9 de junio de 2025. Mediante un comunicado dirigido a la prensa, el abogado John A. Triana Rodríguez expuso una serie de irregularidades que, según él, han vulnerado el derecho de defensa de su representado.
Triana aseguró que tanto él como su cliente asistieron “de manera diligente” a la audiencia convocada, la cual se llevó a cabo bajo los parámetros del marco legal vigente. Sin embargo, indicó que no se llegó a un acuerdo debido a que las pretensiones de la parte contraria carecían de soporte probatorio suficiente, especialmente en lo relativo a la cuantificación de daños, como lo exige el artículo 1614 del Código Civil.
Uno de los puntos más críticos del comunicado fue la denuncia por la no entrega del acta de conciliación por parte del centro de conciliación correspondiente. Según lo expuesto, al haber transcurrido más de dos días desde la realización de la audiencia sin que se haya entregado dicho documento, se estaría incurriendo en una presunta omisión que contraviene la Ley 446 de 1998, lo que podría acarrear sanciones.
Además, el abogado Triana calificó de “prematuro e improcedente” pretender una conciliación económica mientras no exista un dictamen médico definitivo sobre las secuelas del joven Camilo Devia Montoya, presunta víctima del accidente. Medicina Legal ha determinado una incapacidad parcial temporal de 100 días, pero aún está pendiente establecer si hay secuelas permanentes.
En relación con las declaraciones públicas de la señora Andrea Montoya, quien aseguró que hubo ofrecimientos materiales o económicos por parte de Núñez, la defensa desmintió categóricamente estas versiones. Triana afirmó que tales señalamientos son falsos, carentes de veracidad y podrían constituir un delito de injuria, conforme al artículo 220 del Código Penal.
El comunicado también condena el uso mediático y político del caso. “Lamentamos que actores ajenos al proceso judicial intenten desnaturalizar los hechos con fines políticos, generando un juicio paralelo en la opinión pública”, declaró el abogado, quien insistió en el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia garantizados por la Constitución Política.
Triana reiteró su compromiso con las instituciones judiciales y su disposición al diálogo conciliatorio, siempre dentro del marco legal. No obstante, advirtió que cualquier nueva declaración que desvirtúe los hechos será objeto de las acciones legales correspondientes, con el fin de proteger los derechos de su representado.
La situación ha generado atención tanto en círculos jurídicos como en la opinión pública de Ibagué, dado que el caso pone de manifiesto la necesidad de mayor rigurosidad en los procedimientos de conciliación y el respeto a las garantías fundamentales. Mientras tanto, la defensa de Steven Núñez evalúa nuevas acciones frente a las presuntas irregularidades procesales.
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