El Congreso de la República fue escenario de una audiencia pública donde más de 200 jóvenes de 20 departamentos del país se reunieron para debatir y presentar propuestas relacionadas con el Servicio Social para la Paz. Este programa se perfila como una alternativa al servicio militar obligatorio y tiene como objetivo principal fomentar la paz, la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos humanos en los territorios más vulnerables.
El evento, liderado por el senador Iván Cepeda y respaldado por organizaciones como Justapaz, Viva la Ciudadanía, la Fundación VozEs y el Olof Palme International Center, permitió a los jóvenes plantear iniciativas concretas para fortalecer esta política pública que les ofrece nuevas oportunidades de participación activa en la construcción de un país más equitativo.
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El Servicio Social para la Paz propone 11 modalidades de acción que incluyen alfabetización digital en zonas rurales y urbanas, promoción de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, trabajo con víctimas del conflicto armado, protección de la biodiversidad y el medio ambiente, y actividades para la reconciliación y la no estigmatización.
Este programa, certificado como equivalente al servicio militar por el Ministerio de Defensa y reconocido como experiencia laboral para el primer empleo por la Función Pública, también otorga beneficios adicionales. Entre ellos se encuentran una remuneración económica, descuentos en programas educativos y acceso a formación técnica en el SENA, lo que incentiva la participación de los jóvenes.
Durante el encuentro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó la importancia de este servicio como una oportunidad para transformar la cultura de la guerra en una cultura de paz. “Estamos construyendo un camino para que los jóvenes lideren el cambio en sus territorios. Desde la asistencia técnica hasta la innovación, ellos serán los motores de desarrollo sostenible”, afirmó.
Andrea Ramírez, representante juvenil, señaló que uno de los puntos clave discutidos fue la necesidad de garantizar la seguridad de los participantes. “Es fundamental establecer mecanismos sólidos que protejan a los jóvenes durante su labor en el Servicio Social para la Paz”, enfatizó.
El programa también aborda temas como la vigía del patrimonio cultural, el apoyo a comunidades afectadas por fenómenos naturales, la promoción de la paz étnico-territorial y el trabajo con poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Salud, en articulación con el Ministerio de Trabajo, informó sobre avances en la consulta pública y ajustes administrativos que facilitarán la implementación del programa. Entre ellos, destacan modificaciones en la Planilla Integrada de Aportes en Riesgos Laborales (PILA) para garantizar mayor seguridad a los jóvenes vinculados al proyecto.
Con iniciativas como esta, Colombia busca consolidar su compromiso con la juventud, ofreciendo alternativas transformadoras que no solo promuevan la paz, sino que también impulsen el desarrollo integral de los territorios. Este programa no solo redefine el papel de los jóvenes en la sociedad, sino que también abre un nuevo capítulo en la construcción de un país más justo, sostenible y reconciliado.
