El Juzgado Segundo Penal Municipal de Chaparral impuso dos días de arresto domiciliario y multa económica a la mandataria Adriana Magaly Matiz, por incumplir una tutela que ordenaba el traslado de una docente rural, madre de dos hijas, a un entorno con mejor acceso a salud y educación.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, fue sancionada con arresto domiciliario por dos días y una multa equivalente a dos salarios mínimos, por desacatar una orden de tutela que protegía los derechos fundamentales de la docente Diana Magaly Muñiz Orjuela, adscrita al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La decisión judicial fue emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de garantías y conocimiento de Chaparral, a cargo del juez Álvaro Piedrahíta. Esta acción se derivó del incumplimiento parcial de un fallo de tutela que ordenaba el traslado urgente de la docente a una institución educativa en la zona urbana del municipio, debido a la condición médica de su hija menor y la necesidad educativa de su hija mayor.
A pesar del mandato judicial, la Gobernación del Tolima trasladó a la docente a una institución rural en el corregimiento de La Marina, también en Chaparral, un territorio de difícil acceso y sin condiciones adecuadas de salud, lo que fue considerado por el juez como un incumplimiento de la orden.
“El traslado no cumple con lo requerido. En caso de una urgencia médica, sería imposible llegar a tiempo al hospital más cercano”, señala el fallo, que calificó la medida como contraria a lo ordenado judicialmente.
El abogado Germán Huartos, del sindicato SUTET-SIMATOL, explicó que ante la evidente vulneración de derechos, se solicitó el incidente de desacato, el cual fue admitido y resuelto el 8 de mayo. Además de la sanción, el juez compulsó copias a la Fiscalía por presunto fraude a resolución judicial.
Hasta el momento, la Gobernación del Tolima no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero se conoció que su equipo jurídico analiza las medidas legales que tomará frente a la sanción impuesta por la justicia.
El caso refleja una preocupación constante por el cumplimiento de fallos judiciales relacionados con el magisterio. En otro proceso reciente, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Ibagué ordenó arresto por cinco días y multa al secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya, por no acatar una tutela que favorecía a una docente embarazada.
Estas decisiones, según el juez Piedrahíta, son una advertencia clara de que las sentencias de tutela deben ejecutarse de forma inmediata, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como la salud y la educación de menores.
El caso será remitido a la Fiscalía General de la Nación y deberá ser revisado en consulta por el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, en una medida que podría tener implicaciones penales adicionales.
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