El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió una tutela relacionada con la solicitud de información presentada por el senador Alejandro Ocampo sobre los recursos recibidos y destinados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la campaña de ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto.
El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela relacionada con la solicitud de información sobre los recursos recaudados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización sin ánimo de lucro cuya representante legal es la primera dama Ana Lucía Pineda. El trámite judicial surge a partir de una petición presentada por el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, en medio de las preguntas públicas sobre la administración y trazabilidad de las donaciones destinadas a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.
La fundación fue constituida formalmente en julio de 2026 y aparece entre los canales habilitados para recibir aportes económicos de la campaña “Colombia, un solo corazón”, iniciativa liderada por Pineda tras la emergencia. Junto con la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la campaña también habilitó mecanismos de donación a través de la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, conocida como ABACO.
La solicitud de información busca establecer cuánto dinero ha recibido la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuál ha sido la destinación de esos recursos y qué cantidad permanece disponible. También pretende conocer los mecanismos de auditoría y los procedimientos implementados para garantizar la trazabilidad de las donaciones recibidas con destino a las personas afectadas por la emergencia.
Ocampo había presentado su derecho de petición el 24 de agosto y ha señalado que su propósito es obtener información sobre el manejo de los recursos y establecer mecanismos de transparencia. Según lo expuesto públicamente, el congresista ha aclarado que la solicitud no constituye una acusación penal contra la primera dama ni contra la fundación, sino una petición orientada a conocer el recorrido de los recursos entregados para atender la emergencia.
El interés sobre la fundación surgió, entre otros aspectos, porque se trata de una organización recientemente constituida y porque su representante legal también lideró la convocatoria de donaciones para las comunidades afectadas por el terremoto. De acuerdo con información publicada en medios, la entidad inició con un capital de $10 millones y posteriormente quedó entre las organizaciones habilitadas para canalizar aportes económicos de la campaña solidaria.
La discusión sobre la transparencia de los recursos se produce en un contexto en el que la campaña “Colombia, un solo corazón” reportó diferentes acciones de ayuda humanitaria después del terremoto. Entre las actividades informadas se encuentran la movilización de alimentos, agua y otros suministros hacia departamentos afectados, además de caravanas humanitarias destinadas a atender las necesidades de las comunidades damnificadas.
Con la admisión de la tutela, las personas y entidades accionadas deberán responder ante el despacho judicial dentro del plazo establecido y presentar las consideraciones que estimen pertinentes frente a la solicitud. A partir de esas respuestas, el juzgado deberá analizar los argumentos de las partes y determinar lo correspondiente dentro del trámite constitucional.
El proceso judicial no establece por sí mismo la existencia de irregularidades en el manejo de las donaciones. La controversia se concentra actualmente en el acceso a información relacionada con los recursos, su destinación y los mecanismos de seguimiento. Mientras avanza el trámite ante el Juzgado 38 de Familia de Bogotá, la solicitud de Ocampo busca que la información sobre las donaciones pueda ser conocida y verificada mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
