El Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué admitió la tutela de Walter Pulido Ríos y requirió al Concejo y a la Alcaldía remitir en dos días servidor todos los documentos relacionados con el viaje oficial de la mandataria a la República Popular China. Además, el accionante deberá aportar su cédula digitalizada en un plazo de 24 horas.
El Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué admitió la acción de tutela presentada por el abogado Walter Pulido Ríos contra el Concejo Municipal y la Alcaldía de Ibagué, tras la negativa de dichas entidades para entregar información relacionada con el reciente viaje de la alcaldesa Johana Aranda a China.
En providencia de fecha 13 de mayo de 2025, el juez Pablo Emilio Lozano Hernández ordenó notificar a ambas autoridades y les dio un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para remitir digitalmente todos los documentos solicitados: itinerarios, informes de gestión, facturas de viáticos y autorizaciones internas vinculadas a la misión oficial.
El auto judicial también requirió al accionante que, dentro del término de un día hábil, envíe al correo institucional del despacho su cédula de ciudadanía escaneada en formato PDF, con el fin de acreditar su identidad y la legitimidad de su solicitud.
El juez fundamentó su decisión en el Decreto 2591 de 1991, que regula las acciones de tutela y el derecho de petición, y recordó que la transparencia y el acceso a la información pública están consagrados como derechos fundamentales en la Constitución Política.
De no cumplirse el requerimiento en el plazo fijado, el Juzgado advirtió que podrá imponer sanciones procesales, incluidas multas a los representantes legales y, de ser necesario, medidas de apremio personal para garantizar el acatamiento de la orden.
Fuentes internas de la Alcaldía de Ibagué confirmaron que ya se encuentra en curso la recopilación de la documentación requerida, con la intención de dar cumplimiento estricto al fallo antes de que venza el término judicialmente establecido.
La orden judicial se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de la alcaldesa Johana Aranda, en medio de llamados de veedurías y sectores de la oposición que exigen claridad sobre los recursos públicos invertidos en la gira internacional.
Una vez recibida la información, el Juzgado evaluará si los documentos satisfacen los alcances de la tutela y definirá si declara vulnerado el derecho de petición o da por cumplida la solicitud, lo que marcará el cierre del trámite judicial.
Este caso subraya la importancia del control social y la vigilancia ciudadana para exigir rendición de cuentas a los gobernantes, reafirmando al acceso a la información como herramienta clave para la transparencia y la calidad de la gestión pública.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
